Alberto Quezada
El microtráfico de estupefacientes en la República Dominicana ha dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en una crisis visible que golpea a comunidades enteras, alimenta la violencia y mina los esfuerzos de desarrollo social.
En 2024, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó más de 44 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas 37,714 kilogramos de cocaína y 6,377 de marihuana, marcando un récord histórico en decomisos.
Esta cifra es apenas la punta del iceberg de una red que se ramifica por todo el país.
El microtráfico, es decir, la distribución y venta de drogas a nivel de barrios y sectores, refleja una realidad aún más alarmante.
El año pasado, se realizaron más de 250,000 operativos y 3,400 allanamientos, que resultaron en la incautación de 13 millones de gramos de drogas y la detención de 48,099 personas.
La magnitud de estas cifras demuestra que el narcotráfico no solo cruza nuestras costas, sino que habita nuestras calles.
En cuanto al impacto económico, el Estado decomisó más de RD$40 millones, USD$167,000 y EUR€3,200 en efectivo solo en 2023.
Si se toma el período entre 2020 y 2024, las incautaciones superan los RD$113 millones y USD$7.5 millones, una muestra del dinero que circula en este negocio ilícito.
Pero el dato que más preocupa es el del consumo interno. Alrededor del 7% al 10% de la cocaína que entra al país permanece aquí, lo que equivale a 28,000 kilogramos al año.
Esta droga no solo se mueve, también se queda y se consume, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables.
La existencia de más de 39,000 puntos de venta de drogas en la República Dominicana confirma que el microtráfico no es un fenómeno aislado, sino un mercado en expansión que requiere más que fuerza policial para ser contenido.
La respuesta debe ser integral: más prevención, más educación, más oportunidades. Si no se ataca la raíz social del problema, el microtráfico seguirá encontrando espacio en cada esquina donde haya desesperanza.
