Manuel Vólquez
Son miles de ciudadanos que de forma descarada hacen fortunas robando fondos estatales desde una función pública y luego se presentan ante la sociedad como honorables.
Son numerosos los asuntos que ameritan soluciones urgentes en nuestra lacerada sociedad. Nos pasamos años tras años viendo los mismos problemas y por razones del costo político, de irresponsabilidad del liderazgo antaño o emergente, estamos inmersos en un estado de zozobra social de nunca acabar.
Citaremos algunos: Las ciudades oscuras, ciudadanos con demencias circulando por las calles, el incremento del enriquecimiento ilícito, el narcotráfico, protección a la impunidad y la corrupción; la escalada de la delincuencia común y de cuello blanco; y déficit en el sistema educativo, son apenas algunos de los temas que nos empalagan como sociedad.
Las ciudades crecen de manera acelerada con modernas edificaciones (vertical y horizontal), pero afloran alarmantes vicios de construcción, como filtraciones de techos y paredes. Y construimos calles y avenidas que en pocos tiempos se deterioran con enormes hoyos. Lo peor de todo es que no están iluminadas, poniendo en riesgo a los transeúntes y conductores que cruzan esas vías en horas nocturnas.
No se concibe que lugares de una ciudad como la capital dominicana y sus entornos, como los túneles, pasos a desnivel, no estén iluminados. Lo más dramático es que se roban las tapas del alcantarillado instaladas en el centro de esas vías y no hay un régimen de consecuencias.
Se afirma que sólo el 26% de nuestra gente registra una crisis de demencia, especialmente aquellos que duermen bajos los puentes, sobre los pasos a desniveles, parques y malecones. Me parece una cifra inexacta. La sociedad está repleta de otras personas cuyos comportamientos delatan un comportamiento demencial que amerita atenciones psiquiátricas. Bastaría ver a cientos de conductores de vehículos cómo se desplazan por calles y avenidas haciendo rebases peligrosos a alza velocidad sin medir las consecuencias de esas conductas, especialmente los motoristas.
En lo que respecta al enriquecimiento ilícito, narcotráfico, protección a la impunidad y la corrupción, esos son asuntos que se han traducido en una repugnante cultura, que va desde robo de servicios como electricidad, agua potable, cable de televisión, internet, evasión de impuestos, circular sin marbetes, licencias de conducir ni seguros vehiculares.
Son miles de ciudadanos que de forma descarada hacen fortunas robando fondos estatales desde una función pública y luego se presentan ante la sociedad como honorables.
Otros incurren en el mismo trajín delictivo desde el sector privado a través de una confabulación directa con funcionarios gubernamentales. Es un prontuario societario criminal que es tipificado por nuestro ordenamiento jurídico y procesal como delincuentes de cuello blanco. Son embajadores de la corrupción que en el pasado eran protegidos por el manto de la impunidad, hasta que alguien como el presidente Luis Abinader tuvo el valor de enfrentar ese fenómeno dando riendas sueltas a un Ministerio Público independiente que en medio de obstáculos pretende desarticular y llevar ante la justicia a los responsables.
Sin embargo, los propulsores de ese flagelo y la impunidad tienen padrinos dentro y fuera de la estructura judicial. Incluso, una parte del pueblo los apoya. La razón por la que muchos implicados en actos de corrupción recobran la libertad con facilidad en los tribunales es porque reservan recursos económicos para financiar las exoneraciones de culpas en el terreno judicial. Es decir, saben bien a quien sobornar y cómo mantener sus fechorías impunes.
Es el detonante del pleito entre el Ministerio Público y algunos jueces que han sacado de las cárceles a un grupo de acusados de corrupción al variarles la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria, una garantía económica y colocación de grilletes electrónicos.
El Ministerio Público, son sobrada razón, se queja de que algunos jueces son muy dóciles con los imputados en casos de corrupción y de drogas. La Asociación de Jueces se defiende mandando a los fiscales a instrumentar bien sus expedientes y los acusa de ser populistas.
Si hay algo que por décadas ha afectado el cumplimiento de la ley es la falta de credibilidad en un proceso judicial, que es lento y que pocas veces arroja resultados que acabe con la funesta impunidad.
Por último, tenemos otro problema que se repite en el terreno educativo. El estudio “Habilidades de lectura de los estudiantes de tercer grado”, publicado por World Vision República Dominicana, reveló que solo el 28.57% de los estudiantes lee y comprende un texto simple de acuerdo al análisis del indicador de la estrategia nacional de educación.
El levantamiento de estas informaciones se desarrolló entre mayo y junio de 2022 en cinco territorios de la República Dominicana, en las localidades de Dajabón, Montecristi, Los Alcarrizos, Haina y El Seibo, donde se involucraron a unas 41 escuelas y 637 estudiantes de tercer grado.
Se resaltan algunos factores que influyen en el bajo nivel lector de los alumnos, como la falta de estimulación temprana y educación inicial, carencia de material de lectura en casa, la rezagada integración de las familias, entre otros.
El aspecto referente a la rezagada integración de las familias tiene lógica. Lo cierto es que hace falta supervisión en el hogar, de parte de los padres o tutores, a los hijos en edad escolar.
La causa principal es la desintegración. La mayoría de nuestros muchachos pasan todo el tiempo con un celular o un videojuego o frente a un televisor y no se concentran en las tareas escolares ni son inducidos a la lectura.
Esa situación da pautas para que nuestros hijos se conviertan en el futuro inmediato en analfabetas funcionales, aunque tengan títulos universitarios. Para evitarlo, se precisa de una acción combinada del Estado dominicano, los maestros y la supervisión de los padres de familia. Aún estamos a tiempo de corregir los factores que inciden en la acelerada desintegración de una sociedad infectada de problemas corregibles.
