Arismendi Díaz Santana
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Las autoridades nacionales y sectoriales no dejan de reiterar su compromiso de elevar la protección de los afiliados mejorando la calidad y satisfacción de los servicios. «La meta de la Seguridad Social es garantizar más y mejores prestaciones a la población, para impactar directamente en la salud y el bienestar de la población”.
También lo han reiterado los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados y los dirigentes de los partidos políticos. También, gran parte de la sociedad civil y de la opinión pública. Todos coinciden en la necesidad de redoblar esfuerzos para seguir construyendo la Seguridad Social que los afiliados demandan, tomando en cuenta la gradualidad y sostenibilidad del sistema.
Pero, a pesar de que el discurso predominante siempre parte del reconocimiento de la insatisfacción de la gente y concluye en la renovación de las promesas de aprobar una reforma de la Ley 87-01 que garantice más derechos y prerrogativas, el tiempo pasa y todo continúa estructuralmente igual 20 años después
Sinceramente hablando, los grandes retos que tiene el país en este 2024 en la seguridad social ya han sido ampliamente reconocidos durante décadas, y reiterados en los últimos años. Se trata de grandes transformaciones, tanto en salud como en pensiones, pero sin hacer lo que nunca se ha hecho.
En el campo de la salud, se retrasan las reformas previstas en la Ley 87-01, manteniendo vigente un viejo modelo de atención puramente curativo, ineficiente y muy costoso, que genera un fuerte desequilibrio financiero que pagan los afiliados con un creciente gasto familiar de bolsillo.
A pesar del mandato de la Ley, todavía no se ha implementado un verdadero PBS y un primer nivel de atención basado en la estrategia de atención primaria de salud. Tampoco, la prescripción de medicamentos genéricos y la afiliación de los trabajadores por cuenta propia, entre otros que no requieren cambios en la Ley 87.01.
En el campo de las pensiones, a pesar de los pronósticos más sombríos de los organismos internacionales y de los especialistas, se pospone la inevitable reforma previsional, acercándonos peligrosamente al 2030 sin hacer lo suficiente para evitar que millones de afiliados reciban pensiones equivalentes a la cuarta parte de sus ingresos regulares.
Por un gran acuerdo nacional durante la segunda mitad del 2024
Sabemos que esta primera mitad del 2024 estará dominada por un proceso electoral tan insustancial como ruidoso. Una temporada excepcional para plantear bellas promesas, reiteradas campaña tras campaña, pero que al llegar al poder son abandonadas haciendo más de lo mismo.
Pero, en cambio, la segunda mitad del 2024 podría y debería ser el punto de partida para enfrentar los viejos retos de la seguridad social. Inevitablemente el país está abocado a aprobar una reforma fiscal integral para reducir el déficit presupuestario, frenar el endeudamiento externo e impulsar las reformas esenciales que necesita el país.
Y esa podría ser una excelente oportunidad para la seguridad social porque una reforma fiscal integral siempre será más justa, equilibrada, viable y sostenible si incluye como contrapartida una reestructuración de las pensiones y la aplicación de las reformas estructurales del sistema de salud, entre otras demandas sociales.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) aboga por que, durante el segundo semestre del 2024, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso Nacional, salga la iniciativa de concertar un gran acuerdo nacional, que permita aprobar una reforma fiscal inclusiva y sostenible, incluyendo la aprobación e impulso de las reformas pendientes de pensiones y de salud.
