Miguel A. Guerrero
Los problemas relacionados con la depredación de las Dunas de Baní vienen desde hace años en forma cíclica, lo que ha afectado considerablemente su entorno o zona de amortiguamiento.
Hemos sostenido que los encargados de la protección de esta reserva natural son generalmente cómplices de las incursiones que se producen por parte de camioneros para la extracción de arena, cuando no por parceleros o personas que se atribuyen la propiedad de terrenos.
Lo que resulta vergonzoso es que existiendo allí una base naval de la Armada Dominicana, ubicada al frente de las Dunas, con personal y equipos capaces de protegerla, no se le haya podido encomendado tal labor.
Las Dunas y sus zonas adyacentes tienen en la parte sur el mar Caribe, lo que hace imposible una incursión por esa zona, de modo que la labores de vigilancia resultan fáciles, si hay disposición para ello.
El SEMPA, Servicio Nacional de Protección Ambiental, debe ser descartado de dichas labores pues es altamente conocida en esta localidad su complicidad con quienes afectan no solo esta área protegida sino en diferentes aspectos de los que están llamados a enfrentar.
La cercanía o vecindad de la base naval de Las Calderas con Las Dunas, le permitiría una vigilancia constante y terminar de una vez y por todas la depredación de la misma, siempre y cuando se roten de forma permanente para evitar que las ofertas tentadoras permitan repetir el esquema vivido hasta hoy.
Todo esto acompañado de severas multas, incautaciones de vehículos e incluso la cárcel para quienes pretendan seguir causando los crímenes ambientales que se suceden aquí.
Y, aunque resulte contraproducente para algunos, la situación de las Dunas no es el mayor problema que afecta a la provincia Peravia relacionado con el medioambiente.
Los daños ocasionados por las granceras son inmensos. Una gran cantidad de tierras, miles de tareas, han sido afectadas por la extracción de materiales para la construcción sin que los terrenos hayan sido remediados ni siquiera mínimamente. Simplemente se extraen los materiales y se dejan grandes cavernas abandonadas.
Los mayores daños están ubicados desde la comunidad de Cañafistol prácticamente hasta el Cruce de Ocoa, con mayor énfasis en Galeón. Pero el problema no se circunscribe solo ahí sino también en otras zonas de la provincia.
Agregemos a todo eso el descontrol de los denominados “botes” de agregados que cubren gran parte del municipio de Baní, abarcando la orilla del principal río, los callejones rurales y cualquier espacio que camioneros desaprensivos escojan para tales fines, incluyendo solares privados en algunos barrios.
Pero por si todo lo anterior descrito fuera poco, hay un descontrol total y los principales afluentes de agua tales como el canal Marcos A. Cabral y sus derivados en diferentes comunidades, son víctimas del arrojo de basura convirtiendo muchos predios agrícolas en inmensos vertederos.
Sumémosle a esto la tala indiscriminada de árboles, la quema descontrolada de basura y algunas áreas boscosas.
Todo lo descrito sucede ante la mirada indiferente de las autoridades, pese a los constantes anuncios que se hacen, incluyendo planes de protección anunciados por el mismo presidente de la República en compañía del ministro de medioambiente.
Lo antes expuesto nos lleva irremediablemente a una crisis ambiental de grandes proporciones que no lamentaremos solo en el futuro sino que tiene ya graves consecuencias en la vida de todos.
