Jacoba Hasbún
El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, sino que al final la razón es de quien la tiene. La situación ya tiene color hormiga y no se vislumbra a nadie con brocha y pintura del color de la esperanza, he tomado consciencia de que tampoco tengo nada claro y me pregunto ¿qué entiende la comunidad por justicia?
Sobre el tema de la justicia independiente, valoramos el gran esfuerzo de las autoridades que dirigen el Ministerio Publico en sus labores de investigación y persecución de los delitos contra el Estado, tanto en la observancia de la constitucionalidad como en su interés en erradicar la corrupción y la impunidad, no obstante, la gestión debe acortar tiempos para alcanzar metas y optimizar los resultados en beneficio de toda la ciudadanía y despejar los juicios de la pasión y de la aversión. Con relación a esto no podemos suponer las razones de la lentitud de los procesos de la persecución de delitos, pero si justipreciar los resultados de las investigaciones de los supuestos ¨casos blindados¨, versus los logros alcanzados en materia de justicia. Gran parte de los casos permanecen en un limbo, un % elevado terminó en una absolución, muchos de los acusados favorecidos por las delaciones premiadas que no condujeron a nada en concreto y muy pocos han recibido condenas de las cuales una gran mayoría se lograron por negociaciones o acuerdos.
Asombran algunos casos como el de un sobornador condenado, pero sin sobornados, tenemos el caso de un lamentable incidente de penetración a la Cámara de Cuentas y la sustracción de todos los expedientes violentando así la custodia y vulnerando el carácter de confidencialidad y legitimidad de los expedientes de ese organismo, aun desconocemos los resultados de esa investigación. Podríamos seguir enumerando los casos, pero voy a referirme a un caso en particular, el cual me llama poderosamente la atención, debido talvez a mi experiencia en el campo de la construcción, me refiero al caso de la cárcel Las Parras, contenido en una acusación que ha sido bautizada como Operación Medusa, aclarando que no me refiero a la gestión del señor Jean Alain Rodríguez, sino que me limito exclusivamente al tema de los vicios de construcción de las instalaciones de la referida cárcel, acusaciones imputadas a la figura del exprocurador. Según informe de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, que encabezan los señores Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020), supuestamente, cito textualmente, se cometieron irregularidades en los procesos de compras, por lo que ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario¨, Imputan que ´´la mayoría de esos recursos fueron invertidos sin criterio o distraídos”, y que ´´las obras fueron inauguradas sin terminar y con supuestos vicios de construcción insalvables´´
En adición a esto, alegan que no hubo licitación de las empresas proveedoras, sino que fueron escogidas directamente, acusan también de mal manejos al encargado de contabilidad por supuestamente recoger cantidades de dinero en efectivo para repartirlos y por situaciones similares a los encargados de compra y suministros relativos a los pozos sépticos, a los equipamientos médico, al mobiliario y a los uniformes de los presidiarios. Como podemos ver las acusaciones son numerosas y diversas, lo que hace imprecisa la acusación per se, sobre todo porque en cualquier inculpación se tiene que probar la hipótesis, limitarse a los hechos jurídicamente relevantes y presentar las evidencias, para que se puedan sacar conclusiones que reflejen la realidad de lo sucedido. De ese pliego de acusaciones, solo voy a referirme a los supuestos ´´vicios de construcción insalvables´´. Lo primero es que los Vicios de Construcción de una obra civil son responsabilidad exclusiva de la empresa constructora, el procedimiento cuando se detectan los vicios es conocer si se emitieron las fianzas de construcción correspondientes, las cuales son contratos mediante los cuales las obligaciones asumidas por una persona o empresa en un contrato se garantizan por parte de una aseguradora, para que en caso de incumplimiento o insolvencia del obligado original, la aseguradora entra como fiador y compensa la perdida ocasionada al afectado por el incumplimiento.
Entre las fianzas del proceso constructivo de una obra civil se encuentra la fianza de Avance o Anticipo, la cual garantiza al dueño de una obra que el avance entregado al contratista será correctamente utilizado de acuerdo con el contrato, usualmente oscilan entre el 20 y 30% del valor de la obra, luego está la fianza de fiel ejecución o cumplimiento, que garantiza al dueño de una obra que el contratista cumplirá fielmente con su contrato de construcción, es decir, construir dentro del plazo acordado, a los precios acordados, con los materiales y especificaciones acordadas, a excepción de causas imprevistas, llamadas causas de fuerza mayor y por último tenemos la fianza de vicios ocultos, la cual se entrega al final de las obras o proyectos generalmente como requisito para que le hagan el último pago.
Garantiza que el contratista acudirá y reparará por su propia cuenta cualquier vicio oculto que no se evidencie en el momento de la recepción de la obra, que en este caso que nos ocupa fue por una vigencia de 3 años, tiempo caducado por la dilación del proceso de acusación y la puesta en funcionamiento de la cárcel. Además de estas fianzas, se contratan firmas de ingenieros supervisores quienes son fundamentalmente los garantes del buen desempeño del proceso constructivo y del control económico de la construcción, responsables de garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con las especificaciones y los planos, y que cumpla con todos los requisitos aplicables. Luego de estas aclaraciones, la pregunta es, ante los alegatos sobre los vicios de construcción encontrados, ¿se apeló a las correspondientes compañías supervisoras para que expliquen y verifiquen los supuestos vicios encontrados y les exijan a los contratistas las supuestas reparaciones de esos vicios identificados? Y por igual ¿se apeló compañías de seguros?, ya que en los contratos establecidos se contemplaron garantías contractuales especificadas anteriormente
En cuanto a las adendas o adicionales, es conveniente señalar que todas las obras civiles sin excepción en el trascurso de la construcción están expuestos a variaciones en los presupuestos originales y esto conlleva a que se realicen las adendas.
Las deficiencias técnicas no son necesariamente atribuibles a la impericia de alguna de las partes, sino que en la praxis se identifican una serie de detonantes de variaciones (adendum) asociadas a aspectos técnicos que no necesariamente se vinculan a la negligencia de alguno de los involucrados en el proyecto, y otras variaciones asociadas al mercado, por ejemplo, un aumento desproporcionado de los materiales de construcción debido al alza del dólar, los cuales generaran cambios sustanciales en las partidas de los presupuestos y por ende en el monto final de las obras. En cuanto al terreno pueden existir divergencias entre las condiciones del suelo previstas a la hora de realizar el diseño preliminar y aquellas reales, aun habiendo efectuado estudios previos, lo cual conllevara a unos adicionales al presupuesto original.
El Ministerio Público, en su expediente planteó que el imputado debió permanecer en prisión por haber firmado esos contratos y por pagar anticipadamente el trabajo realizado por los contratistas y alegaron sobrevaloración de los presupuestos de las obras.
No quisiéramos asumir que es por desconocimiento de estas situaciones porque como se explicaría que la actual Procuradora General, Miriam Germán Brito, firmó 11 nuevos contratos o adenda, con los mismos contratistas de las obras de la cárcel aumentándoseles 250 millones adicionales a los acordados por concepto de equilibrio económico. Son múltiples las acusaciones reveladas en el caso Medusa, por un lado, se señala que las empresas constructoras que ganaron la licitación tuvieron que pagar 20% de la contratación como soborno o extorsión, situación revelada en los interrogatorios practicados al ingeniero Antón Casanovas Nolasco, quien afirmó que fue contratado para reclutar las empresas que debían participar en la referida licitación. Entre denuncias y más denuncias el pliego de acusaciones se fue ampliando y desenfocándose de la acusación central y dificultando así el trabajo tanto para los abogados de la defensa como para los propios jueces, porque el volumen del caso es tan extenso que no se alcanza a analizar ni en años.
¿Ahora pregunto qué visos de legitimidad tiene las palabras de un delator? ¿Cuál es la forma de poder confirmar las acusaciones? ¿Desenmarañando un lodo cada vez más profundo y que no tiene final? ¿Se deben revelar a los medios las palabras de un delator sin tener evidencias? Lo cierto es que el saldo de las acusaciones de corrupción en la construcción de la cárcel Las Parras, lo único que ha ocasionado es frustración, porque se ha perdido el horizonte de lo que implica esa cárcel para el país, se ha priorizado la acusación sobre el aporte de la citada cárcel a la solución de la precaria situación de los presidiarios de la Victoria. Hoy el espacio construido para la rehabilitación de más de 8 mil reclusos está abandonado deteriorándose por falta de uso. Es inaudito que se haya detenido el proceso de traslado de los internos de La Victoria hasta tanto se audite la construcción cuando son cosas que pueden hacerse en paralelo, y lo que han hecho es convertir este caso en un circo mediático, donde lo que cuenta es la acusación contra el exprocurador sin detenerse a evaluar el alcance de sus decisiones. La pasión sin la participación de la inteligencia racional se desborda, y como diría Antoine de Saint-Exupéry, en el Principito, lo esencial permanece invisible para el ojo.
Mientras esto sucede, en el actual recinto carcelario La Victoria existe un entramado de corrupción muy grande que involucra dinero proveniente del tráfico de drogas, de los dueños de los colmados y de las familias de los presos. Si seguimos alimentando la creciente auto gobernabilidad, impunidad y corrupción al interior de las cárceles, sumado al índice delictivo o de inseguridad, se hará imposible la reinserción social de los privados de libertad. En el país, la población carcelaria actualmente se cifra en 25 mil 370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP). La Victoria es considerada como la cárcel en peor situación, fue construida para alojar a 2 mil personas, la sobrepoblación está en niveles críticos y alarmantes (densidad de 120 % o más), cuenta actualmente con una población carcelaria de 7 mil 608, a esa situación se le agrega que no cuenta con ventilación, iluminación, ni accesos adecuados a los servicios sanitarios. El hacinamiento genera violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones, la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes” y en esta situación hay más peligro dentro que fuera de las cárceles. Es más grave aún la apatía de quienes, por mandato constitucional, les corresponde ofrecer soluciones acertadas en procura del resguardo a los derechos de los privados de libertad.
La corrupción pública es un fenómeno difícil de medir y definir; en el primer caso no hay instrumentos que permitan captarla de manera objetiva, y en el segundo es difícil penetrar en la delgada línea entre lo legal y lo ilegal. Quienes ingresan a laborar al Estado están sujetos a ser salpicados por este mal, al parecer el Estado ha sido un botín para algunos, anteponiendo intereses personales a los intereses públicos, fenómeno que, sumado a la inseguridad ciudadana, a la violencia contra los más vulnerables, a la lucha contra el tráfico de drogas, a la pobreza y el desempleo, conforman los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social del país, no obstante muy a pesar del interés de combatir la corrupción, a la hora de abordar los casos, hay que enfocarse para que la acusación central no se disperse, despojarse de las pasiones y no provocar más desinformación, lo cual puede influir en las personas de manera tal que una mentira se convierte en verdad, Soy consciente que este caso exige ser tratado de manera exhaustiva por las múltiples aristas que contiene, y que se debe llevar hasta las últimas consecuencias, sin embargo, la cautela es esencial debido a que todo delito queda directamente vinculado a la disponibilidad probatoria, por lo que es menester tener las evidencias y usar el sentido común para poder llegar a una conclusión, y no ir apuntando a ciegas a cualquier ave que intente volar en su territorio.
“La energía del sol calienta el mundo. Pero cuando lo enfocas a través de una lupa puede provocar un incendio¨.
Alan Pariser