Manuel Vólquez, periodista
Es patética la indiferencia mostrada por las naciones miembros de ambas instituciones respecto a lo que acontece Haití.
El 1 de febrero de 2023, la República Dominicana reiteró en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que la crisis en Haití es una amenaza para su seguridad nacional, que además está empujando a sus ciudadanos a salir del país, creando una presión migratoria en la región latinoamericana.
Se quejó otra vez porque la comunidad internacional no ha respondido al pedido del envió de una fuerza foránea hacia ese anárquico territorio donde impera la violencia e inseguridad promovida por grupos armados.
Esas inquietudes, por igual, han sido expuestas en sesiones sucesivas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y nada han hecho esos organismos para normalizar la situación en ese caótico territorio.
Es patética la indiferencia mostrada por las naciones miembros de ambas instituciones respecto a lo que acontece allí. Está todo muy claro: la intención es fusionar los dos pueblos para que nos exterminemos o convivamos a como dé lugar y eso no va ser posible por diversas razones que sabemos, especialmente históricas.
Pienso que la estrategia que rige en la agenda es obligar a la República Dominicana a dejar sin efecto las deportaciones de haitianos indocumentados, que acepte un campo de refugiados en su territorio para admitir a los que huyen del vecino pueblo y los mantengamos de todo, principalmente a las miles de embarazadas que abarrotan los centros de salud sin costos de internamientos.
Estamos recibiendo premeditadas presiones consensuadas desde la la cúpula de la ONU a través de sus células satélites, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Debemos recordar, además, las campañas de descrédito al país emitidas en años anteriores de parte de entidades afiliadas a la OEA, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso con condenas jurídicas para presionarnos a otorgar la ciudadanía a esos extranjeros. El propósito, el fin último, es doblegarnos y vencernos por cansancio.
La ONU no ha respondido al reclamo del primer ministro haitiano, Ariel Henry, de enviar una fuerza militar internacional para enfrentar a las pandillas armadas que han sembrado el terror en Haití. Igualmente, no ha contestado el reiterado reclamo del gobierno dominicano en el sentido de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad y busque una urgente solución a esa crisis.
Por el contrario, la respuesta ha sido utilizar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, como instrumento de presión para que nos diga cuál es la real posición de la institución hemisférica respecto a Haití. Al parecer, es una patética encrucijada que promueve la ONU con fines de obligarnos a aceptar sus desafortunadas y erráticas pretensiones migratorias.
Ese caballero volvió a visitar la región caribeña (esta vez hacia Haití) para repetirnos, a manera de advertencia y con altanería, el mismo mensaje de meses pasados: criticó la repatriación de haitianos por parte de República Dominicana, pese a la aguda realidad que se vive en ese pueblo vecino.
“Hasta que se resuelva la grave situación del país, está claro que las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a Haití”, indicó en rueda de prensa al término de su visita en Puerto Príncipe.
Señaló que el año pasado 176,000 haitianos fueron repatriados por República Dominicana, cuando el derecho internacional en lo relativo a derechos humanos “prohíbe la devolución y las expulsiones colectivas sin una evaluación individual y de todas las necesidades de protección antes del retorno”.
Durante su estancia, declaró con dramatismo lo siguiente: “Escuché historias terribles sobre el trato humillante al que son sometidos muchos migrantes, en particular mujeres embarazadas y niños no acompañados o separados de sus familias”.
Pero no mencionó las deportaciones ordenadas desde otras naciones, como México, Chile, Cuba, Colombia, Brasil, Bahamas. Estados Unidos es el país que más repatriaciones realiza. Para el 25 de noviembre de 2022, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró la devolución de 21,303 haitianos hasta octubre de 2022 y el 69% fue expulsado desde el país norteamericano. En total, Estados Unidos devolvió a Haití 14,706 migrantes que llegaron, al igual que de otros destinos, “muy vulnerables” con pocos o ningún recurso. Las repatriaciones han continuado en esas naciones, pero Türk no habla de eso.
Como era de esperarse, el gobierno dominicano respondió con altura a esos atrevidos alegatos y refrendó el derecho a repatriar a los inmigrantes indocumentados, recordando que esto es “soberano de todas las naciones y necesario para migraciones seguras, ordenadas y regulares”. No debemos ceder a las presiones y chantajes.
Como muy bien dijo el canciller Roberto Álvarez, el señor Volker Türk ha hablado de deportaciones en Haití, “en vez de llevar soluciones a la crisis”. Es que a la ONU no le interesa.
En ese contexto, nuestro canciller precisó que en el 2022 la República Dominicana repatrió a 120,900 extranjeros, en su mayoría de nacionalidad haitiana, y entre estos solo había dos menores que sí estaban acompañados. También el año pasado, 3,176 menores haitianos fueron entregados al Consejo Nacional de la Niñez dominicana, para su reunificación familiar en Haití a través del Institut du Bien Etre Social et des Recherches (IBERS).
En consecuencia, el diplomático recordó que “la crítica situación que atraviesa Haití no es responsabilidad del gobierno dominicano, ni podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes. Sí queda por aclarar la postura de la comunidad internacional ante la tragedia haitiana”.
A la República Dominicana le ha tocado el peor destino de compartir un terreno insular con otro Estado que estila características diferentes en términos culturales, costumbres e idiomáticas, por lo que la masiva entrada de irregulares de ese país ha resultado siempre un eterno problema que solo se puede enfrentar con la aplicación rígida de nuestras normas migratorias. Por asuntos históricos y sin criterio racista, esas dos razas no pueden convivir fusionadas.
Lo que sí causa indignación es ver cómo muchos malos dominicanos, civiles y militares, traicionan los principios patrios y los valores de nuestra soberanía nacional introduciendo por paga al territorio nacional, a través de la frontera, a hordas de haitianos en condiciones migratorias irregulares, conformadas por hombres, mujeres y niños.
Sabemos que son personas que al pisar suelo dominicano jamás retornarían a malpasar a su ciudad. Vale decir que con esas acciones, estamos afilando dagas para nuestras gargantas.
