Por Altagracia Paulino

Si no fuera por el compromiso y la esencia que involucra la declaración del agua como un derecho humano, el 28 de julio hubiera sido un día más en el calendario. Es que el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la resolución 64/292, que declara el agua como un derecho humano.

¿Qué importancia tiene esta declaración? El agua como derecho humano permite el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, la alimentación, la dignidad y el derecho a la vida.

Cuando se habla del agua como esencial, debemos saber que: el cuerpo humano está compuesto de un 60 por ciento, el cerebro de un 70 por ciento, la sangre de un 80 por ciento y los pulmones de un 90 por ciento de agua, y las células están llenas de agua lo que determina que este elemento es esencial para la vida. (La ciencia del agua).

En el pacto para que el agua sea reconocida como derecho humano, figuran conceptos elevadísimos “el derecho al agua entraña libertades y derechos; la dignidad de la vida y la salud humana”. “El agua es un bien social y cultural y no un bien económico”.

El país es compromisario del pacto internacional sobre este derecho, pero cuando vemos el panorama de la distribución, el precio y el uso del agua, encontramos que como derecho humano no ha sido reconocido.

El pasado 9 de junio el Senado aprobó la Ley de agua, de la cual hace aproximadamente 20 años se ha planteado, para reorganizar la distribución del recurso, mientras el Estado, llamado a regular para que el servicio llene las expectativas de ejercicio de un derecho, se ha permitido el “negocio del agua” que es una forma de privatización.

La ley aprobada contiene la concesión de las fuentes primarias del recurso, lo que implica una privatización en franca violación a varios artículos de la Constitución, como el artículo 15, que dice: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable, y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”.

Para que el agua sea servida como derecho humano debe elaborarse una ley que contenga el espíritu de la Carta Magna; que tome en cuenta la resolución de la ONU del 2010; que respete el pacto que el país firmó para garantizar este derecho fundamental; que se protejan las fuentes primarias y se construyan reservorios para almacenar el agua de lluvia en las zonas donde no existen.

La protección de los bosques, salvar los ríos que agonizan por la extracción de materiales y agregados para la construcción y revisar los contratos mineros, que son una gran vía de escape del recurso sin el que la vida no es posible.

El Estado, llamado a proteger a sus ciudadanos, debe garantizar que el agua potable llegue a todos los hogares. El pacto establece una distancia de 10 metros entre el agua y el usuario, sin embargo, hay en plenas ciudades donde las personas deben caminar varios kilómetros para abastecerse. Soñemos para que algún día seamos como en París, donde el gobierno ha prohibido la venta de agua y ha dotado de fuentes los lugares para que la gente no tenga que comprarla.