La Junta Central Electoral, ¿al servicio de quién?

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Por Dinorah García Romero  

La República Dominicana se prepara para la celebración de las elecciones municipales que se efectuarán el 16 de febrero del año en curso. Todo proceso eleccionario, al menos en nuestra nación, se convierte en una experiencia compleja, retadora y hasta traumática cuando se violentan leyes electorales, procedimientos y acuerdos entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos que participan en las elecciones.

No es un secreto que para los miembros de la JCE la tarea es ardua y expuesta casi de forma permanente a la confrontación directa con líderes sociales, políticos y gubernamentales. Su trabajo se vuelve tenso y controversial por momentos; se torna equívoco en otros; iluminador en escasas decisiones.

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Esta situación revela que se ha de hacer una revisión reflexiva y crítica, con profundidad, de las leyes y criterios que rigen para la conformación de la Junta Central Electoral y para la ejecución de las funciones que se le confiere. Constituye una impresión bastante generalizada la relativa a que la JCE se mueve como con oscilaciones que se inclinan más hacia una dirección que al conjunto de expresiones políticas que ha de tener en cuenta. Esta realidad la distancia de la diversidad de partidos que participan en el proceso electoral y la cohesionan, de forma velada, con otros más hegemónicos.

Algo no funciona del todo bien, cuando las sospechas no solo las expresan los partidos y las organizaciones que le dan seguimiento a las elecciones, sino que se escuchan con frecuencia en gente de la sociedad dominicana. Se espera que la JCE actúe conforme a las leyes, a las políticas y a los reglamentos electorales. Su trabajo ha de responder fielmente a la legislación electoral sin parcialidad de ningún tipo. La imparcialidad es difícil y para muchos no existe; pero al menos debería notarse el esfuerzo que despliega para aproximarse a un abordaje de las elecciones sin obediencia ciega a un grupo y esternón erguido para otros.

Hay sectores de la sociedad que no están de acuerdo con este tipo de planteamientos; los vinculan a la creación de una cultura de la sospecha y de descrédito con respecto a la Junta Central Electoral. Sin embargo, no expresarlo dificulta el fortalecimiento de la institucionalidad y de la transparencia con la que ha de funcionar la Junta. Además, pulveriza los trazos  de democracia que tenemos. 

Son muchas las voces que se preguntan al servicio de quién está la Junta Central Electoral; por qué, si las leyes electorales le prohíben determinadas acciones a los partidos, candidatos y gobernantes en el período preelectoral, la JCE muestra tanta timidez para hacer cumplir las leyes. Esta situación no es cuestión de si la Junta es libre o si está atada por fuerzas ocultas. No.

Es cuestión de responsabilidad en el desempeño de su función y de coherencia entre el discurso que la distingue y la práctica que exhibe. Nos oponemos a una Junta Electoral que se presenta con pusilanimidad para hacer cumplir las leyes electorales. Apoyamos toda acción de la Junta en la que evidencie desempeño consistente, funcionamiento ético y autenticidad en sus actuaciones.

Las diferentes organizaciones sociales, los sistemas educativos del país y los ciudadanos que trabajamos por una nación con desarrollo robusto y humanización integral,

urgimos a la Junta Central Electoral a que abra un espacio de autoevaluación y de reflexión colectiva para que tome notas de la crisis de credibilidad que la afecta y del deseo de muchos sectores de que a esta realidad se le conceda un giro de trescientos sesenta grados para que las elecciones del 16 de febrero constituyan un acontecimiento político y social capaz de potenciar el compromiso ciudadano, la participación política y la integridad ética.