Arismendi Díaz Santana
La inflación importada y local empobrece a las familias, eleva el costo de la atención médica y limita la capacidad del Seguro Familiar de Salud para ampliar la cobertura y elevar las tarifas y honorarios profesionales
Llueven las quejas y denuncias porque muchas empresas están subiendo los precios de los bienes y servicios, ante el aumento del salario mínimo y otros salarios. Este lunes fui a comprar y la empleada me dijo que el 1ero de abril los precios fueron subidos y me dijo en voz baja, “aquí no sabemos si nos van a aumentar”.
Ese mismo día, fui a mi supermercado favorito y comprobé un alza significativa de los precios de las mercancías, en algunos casos de hasta un 25% en relación al mes anterior. Todavía no podemos afirmar que ésta sea una práctica generalizada. Pero desde hace semanas en la Fundación estamos recibiendo quejas que apuntan en esa dirección.
De ser así, dentro de un mes el aumento del salario mínimo en un 15% logrado por el presidente Abinader, podría ser más espuma que chocolate, con muy poco impacto en la tan esperada recuperación del poder adquisitivo del salario y del nivel de vida de los trabajadores dominicanos.
El libre mercado le otorga poderes a las empresas para subir los precios de sus mercancías en cualquier momento, mientras los trabajadores tienen que esperar dos años, para recibir un aumento cuyos objetivos, frecuentemente se diluyen en muy poco tiempo, debido a los nuevos precios establecidos libremente.
Y no sólo en perjuicio de los “pobres padres y madres de familia” con salarios mínimos, sino además, afectando a todos los consumidores, al tener que pagar más por la misma canasta familiar, a pesar de no haber recibido ningún beneficio de tales aumentos.
Desde luego, el Seguro Familiar de Salud (SFS) será golpeado porque si bien se elevarán las recaudaciones, los nuevos salarios y el alza de los insumos, medicamentos, reactivos y materiales indispensables, también obligarán a las clínicas y demás centros privados a aumentar sus tarifas y honorarios.
Un factor a considerar es la gran brecha existente entre los salarios mínimos vigentes y los que reciben los profesionales, técnicos y ejecutivos. Una diferencia que explica, en parte, porque a América Latina se le considera como uno de los continentes de mayor desigualdad social del mundo.
Cálculos actualizados indican que el promedio ponderado actual de los salarios mínimos es de 17,873 pesos, equivalente a 318 dólares, ocupando el puesto 7, entre Honduras y México. Un nivel aquí agravado por las deficiencias de los servicios públicos.
Lo cierto es que la mayor parte de la inflación es importada. El conflicto en Ucrania, las sanciones económicas a Rusia, el alza de los combustibles y la inflación de los EEUU se expresan con fuerza en nuestro país. Desde luego, a ese mar revuelto se le agrega una cuota adicional especulativa de manufactura local.
Dada la persistencia de factores perturbadores externos y de la tendencia alcista local, es previsible un aumento de la inflación de alrededor del 8.0%, nivel que terminará castigando severamente a la gran mayoría de las familias dominicanas, con un posible impacto social y político.
Al presidente Luis Abinader se le presenta el gran reto de detener y controlar la inflación para reducir la angustia y las quejas crecientes de la población en general. Además para enfrentar la campaña de la oposición la cual, desde hace tiempo se centra en señalar, y hasta exagerar, el alto costo de la vida, para restarle méritos a su gestión gubernamental y pasarle factura electoral el año entrante.
