Glenn Davis
Hace apenas unos días publicamos un artículo titulado “Asesinos de la Carretera”, en el que abordamos la manera temeraria y peligrosa en la que operan los conductores de vehículos pesados en la República Dominicana. Pero este problema es mucho más profundo de lo que parece, y su solución no puede limitarse únicamente a responsabilizar a los choferes. Detrás del caos vial y los accidentes mortales hay dos grandes responsables que siguen operando con total impunidad: los empresarios del transporte y las constructoras de carreteras.
Los llamados “empresarios del transporte” no son más que grupos de presión política que han vivido históricamente del subsidio del Estado sin asumir ninguna responsabilidad social. Cada año, el gobierno destina millones de pesos para subsidiar el combustible de estas empresas, pero, a pesar de recibir estos recursos públicos, sus vehículos siguen siendo chatarras rodantes que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.
En otros países, estos empresarios tendrían la obligación de garantizar que sus unidades estén en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad. Sin embargo, en República Dominicana no invierten en sus flotillas, no pagan salarios dignos a los choferes y tampoco implementan protocolos de seguridad. Aun así, siguen recibiendo subsidios y operando con privilegios inaceptables, sin que ninguna autoridad los fiscalice ni los sancione.
¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que se les exija responsabilidad? ¿Por qué estos empresarios pueden seguir lucrándose del dinero público mientras las familias dominicanas entierran a sus seres queridos víctimas de accidentes provocados por sus camiones, patanas, guaguas y demás vehículos pesados en mal estado?
A la crisis del transporte pesado se suma otro problema igualmente grave: la irresponsabilidad con la que se diseñan y construyen muchas carreteras en el país. Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, sigamos inaugurando obras viales que, en lugar de mejorar la movilidad y reducir accidentes, se convierten en trampas mortales.
Un ejemplo claro de esto se puede ver en Santiago, donde recientemente se construyeron retornos que, en vez de beneficiar a la población, han causado decenas de accidentes. ¿Quién responde por esas muertes y esos heridos? ¿Dónde están los estudios de impacto vial que justifican esas decisiones?
Es inadmisible que, después de invertir millones de pesos en infraestructuras viales, no haya un régimen de consecuencia para las empresas constructoras que ejecutan proyectos sin los más mínimos estándares de seguridad. En otros países, si una carretera mal diseñada provoca accidentes, la empresa responsable puede enfrentar demandas y sanciones severas. Aquí, en cambio, las constructoras siguen operando sin ningún tipo de escrutinio, repitiendo los mismos errores y dejando un rastro de tragedias en el camino.
El problema de la seguridad vial en República Dominicana no se resolverá solo con multas a los choferes ni con campañas de concienciación. Es urgente que el Estado deje de proteger a los empresarios del transporte y a las grandes constructoras y empiece a aplicar un régimen de consecuencia real.
El gobierno debe eliminar los subsidios a empresas de transporte que no cumplan con estándares mínimos de seguridad y mantenimiento de sus unidades. Implementar inspecciones técnicas obligatorias y rigurosas para todos los vehículos pesados.
Por último, exigir que los empresarios del transporte garanticen salarios dignos y condiciones laborales adecuadas para sus choferes. Fiscalizar y sancionar a las constructoras que entregan obras mal diseñadas y que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.
La pregunta sigue en el aire: ¿Hasta cuándo permitiremos que el negocio de la impunidad siga cobrando vidas en nuestras carreteras?
