La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró que superar la fragmentación institucional y avanzar hacia la coordinación interinstitucional eficaz es el reto que tiene el Estado en ese año 2026.
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En un comunicado en donde pasa balance al 2025 y realiza proyecciones para este nuevo período, FINJUS destacó que el año pasado la agenda pública y legislativa mantuvo la necesidad de impulsar cambios normativos e institucionales clave para consolidar la institucionalidad democrática, promover el desarrollo económico-social y garantizar la convivencia pacífica basada en reglas claras.
Enfatizó que un aspecto clave fue la lucha contra la impunidad donde se apreció acciones dirigidas a combatir la corrupción y a robustecer los mecanismos de rendición de cuentas, como el establecimiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, la implementación de reformas legales para endurecer las penas por delitos de corrupción y lavado de activos, la recuperación de fondos públicos desviados y la separación de funcionarios implicados en irregularidades.
“En el periodo reciente, se ha abierto una ventana significativa para revisar y fortalecer normas estructurales del sistema penal, en especial del Código Penal y el Código Procesal Penal”, refirió al señalar que la actualización en 2026 representa un paso decisivo para superar lagunas legales, minimizar ambigüedades y potenciar la eficacia de la persecución penal, sin comprometer las garantías del debido proceso.
Resaltó que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) siguió consolidando su rol en la garantía del derecho fundamental a la defensa para personas con recursos económicos limitados y que durante ese periodo, la institución, mantuvo una plantilla de 640 colaboradores, lo que facilitó la expansión y sostenibilidad del servicio en el territorio nacional..
Refirió que Ministerio Público continuó con el proceso de adecuación de su planificación, siendo su logro más destacado la elaboración del Plan Estratégico 2025-2029, con la participación de todas las áreas institucionales, y el involucramiento de la Defensoría Pública y el Poder Judicial.
“Al iniciar 2026, entramos a una fase crucial en la consolidación de una política de persecución penal más coherente, sostenible y medible. Más allá de medidas puntuales, el desafío reside en acordar un marco de acción integral que integre componentes normativos, presupuestarios y organizacionales”, dijo.
Describió que el Poder Judicial ha registrado avances significativos en su gestión institucional y en la mitigación de los desafíos históricos arrastrados desde el pasado ya que en diciembre de 2025, el 80% de los tribunales nacionales superaron la mora judicial, comparado con el 30% al inicio de 2024.
Este año, como el anterior, corresponde evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos, su presidente, y la FINJUS describió como principal reto el fortalecer los mecanismos objetivos, verificables y participativos que garanticen procesos de selección basados en capacidades técnicas, trayectoria ética e independencia, evitando la reproducción de falencias estructurales que comprometan la legitimidad institucional de la Suprema y la confianza ciudadana en el sistema judicial.
