Imane Rachidi y Javier Otazu
La Haya/Naciones Unidas.- El Departamento de Asuntos Internos de la ONU está aún investigando las sospechas de acoso sexual contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien se apartó temporalmente del cargo en un momento ya delicado para el tribunal, que enfrenta presiones políticas por investigaciones sensibles a Israel y Rusia.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) es la encargada de realizar la investigación externa de las sospechas contra Karim Khan y, según aseguró a EFE un portavoz del secretario general de la ONU, ese departamento está “al tanto de la decisión” del fiscal de “tomarse una licencia mientras se investigan las acusaciones presentadas en su contra”.
“Hay una investigación en curso por parte de la OIOS. No puedo hacer más comentarios porque la investigación sigue abierta”, añadió. También recordó que la ONU y la CPI son “instituciones separadas”, puesto que este tribunal se rige por el Estatuto de Roma, su tratado fundacional, que debe ser firmado y ratificado por los países. La CPI tiene hoy 125 miembros, entre los que no están, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Israel o China.
Investigación interna
Los dos fiscales adjuntos, Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal), han asumido ya este fin de semana la gestión de la Fiscalía. “El trabajo de la Corte, en interés de la justicia, continuará con normalidad y sin interrupciones”, señaló la Asamblea de Estados Parte, el órgano legislativo y de supervisión de la CPI.
Según el tribunal, cuando se le entreguen, los resultados de la investigación “serán tratados de forma transparente”.
Khan solicitó en mayo del año pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza y lesa humanidad como el uso del hambre como arma contra la población civil desde 2023.
En octubre pasado, medios británicos y estadounidenses empezaron a señalar a Khan por presunto acoso sexual a una miembro del equipo de la Fiscalía, acusación hecha sobre la base de un informe de un tercero que asegura haber escuchado a la presunta víctima hablar de los hechos y que él mismo los ha denunciado ante autoridades del tribunal.
En respuesta, la Asamblea confirmó que recibió información sobre una “presunta conducta indebida” de Khan y, después de “una conversación” con la presunta víctima, su mecanismo de supervisión independiente (OIM) “no estaba en condiciones de proceder con una investigación”. Según dijeron entonces a EFE fuentes del tribunal, la víctima se negó a denunciar formalmente y el OIM no puede proceder a una investigación sin su consentimiento.
Ya en noviembre, el día 11, la Asamblea solicitó una “investigación externa”, marginando el mecanismo interno del tribunal por “conflicto de intereses”. El nuevo jefe de la IOM es cercano al fiscal. “Se va a llevar a cabo una investigación externa para garantizar un proceso totalmente independiente, imparcial y justo”, señaló la Asamblea.
Los jueces de la CPI dieron luz verde a las órdenes de detención israelíes el 21 de noviembre, con Israel tratando todavía de retar la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos.
Desafíos y presiones
James A. Goldston, exabogado de la CPI y director de la Iniciativa de Justicia Open Society (OSJI), señaló a EFE que es “un paso positivo que el fiscal, aunque algo tarde, haya decidido apartarse temporalmente mientras se completa la investigación”.
Además, cree importante que “los hechos comprobados, cualquier conclusión legal y recomendación” se comparta con los Estados parte para “tomar las decisiones necesarias sobre cualquier conducta indebida que se confirme, si es que ocurrió alguna, aún no lo sabemos”.
“La CPI enfrenta varios desafíos externos muy serios. Ha sido víctima de un ciberataque masivo a sus sistemas informáticos. Sus jueces han sido objeto de órdenes de arresto por parte de Rusia. Su fiscal ha sido sancionado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, enfrenta desafíos internos y uno de los más críticos es esta serie de acusaciones contra el fiscal”, añadió.
El propio Khan, elegido fiscal en 2021, niega que haya “verdad alguna en las insinuaciones” en su contra y denuncia que, en la situación actual, la CPI y el fiscal están “sujetos a una amplia gama de ataques y amenazas” por los casos abiertos.
“La Corte existe para servir a las víctimas de los crímenes más graves. Es clave que pueda hacer bien su trabajo en nombre de esas víctimas. Y para poder hacerlo, tiene que saber gestionar este tipo de acusaciones de una manera legal, justa, completa y rápida, porque lo que está en juego es la confianza de las víctimas en esta institución”, añadió Goldston.
