Carlos Manuel Manzano Contreras
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La migración en la República Dominicana ha sido siempre un fenómeno complejo y de difícil abordaje, el cual se enfrenta hoy a uno de sus mayores desafíos: la corrupción institucional.
Al margen de la situación socio-política por la que está atravesando actualmente el vecino país de Haití, podríamos asegurar, con toda certeza, que el flagelo de la corrupción se ha convertido en el verdadero Talón de Aquiles del sistema migratorio en nuestro país, afectando con ello, el comercio, la institucionalidad del Estado y nuestra imagen hacia el exterior.
Diversos informes y denuncias ciudadanas apuntan a prácticas corruptas dentro de instituciones claves como la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.
Entre los casos más comunes figuran la emisión irregular de documentos, cobros ilegales para agilizar procesos de regularización o lograr permanencia en el país, así como la omisión deliberada de controles fronterizos a cambio de sobornos.
Millares de inmigrantes se ven compelidos a pagar altas sumas de dinero para evitar detenciones arbitrarias, prolongar su estancia en territorio dominicano, o acceder a servicios básicos como salud y educación.
El tráfico de migrantes abunda cuando los funcionarios públicos son corruptos. De hecho, muchas operaciones de tráfico de migrantes no durarían mucho sin el constante impulso de la corrupción de alguna forma u otra.
AMENAZA
Pero la corrupción en el ámbito migratorio no solo es un problema ético o institucional, sino, que además, representa una amenaza seria para la seguridad nacional. Cuando las fronteras pueden ser cruzadas a cambio de dinero, se abre la puerta al tráfico de armas, drogas y trata de personas.
A los fines de combatir esta apremiante situación se hace necesario impulsar algunas medidas claves, como son:
– Implementar auditorías independientes en las instituciones migratorias, a los fines de poder comprobar los niveles de eficiencia y efectividad de los mecanismos de control empleados por las autoridades.
-Crear canales seguros y anónimos para denunciar actos de corrupción.
-Establecer sistemas digitales de registro que reduzcan la discrecionalidad de los funcionarios.
-Fortalecer la formación ética y profesional del personal en frontera y migración.
La República Dominicana se enfrenta, en los actuales momentos, al reto de gestionar la migración de forma digna, justa y eficiente, pero para lograrlo, debe erradicar la corrupción que hoy socava sus esfuerzos y mancha su reputación internacional.
Definitivamente que la corrupción se ha convertido en un grave problema que afecta la migración, actuando como un verdadero «Talón de Aquiles» al obstaculizar procesos, facilitar el tráfico de personas y socavar la confianza en las instituciones.
Por lo tanto, el combate contra la corrupción es un elemento esencial de cualquier estrategia seria, responsable y efectiva para abordar el eterno problema de tráfico ilegal de migrantes en nuestro país.
