Madrid. La ley de amnistía en España anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La ley, que se registrará previsiblemente hoy en el Congreso, era una de las exigencias de los partidos independentistas catalanes para votar a favor en la investidura del líder socialista Pedro Sánchez, que tendrá lugar este miércoles y jueves y en la que el presidente en funciones precisará de estos apoyos así como de otras formaciones regionalistas y nacionalistas.
El perdón se aplicará no solo a los líderes de los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas, sino también a directores de colegios del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante esa consulta considerada ilegal por la justicia española.
La proposición de ley establece un máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al proceso soberanista para aplicar la amnistía y especifica que su aplicación será “preferente y urgente” en dicho plazo y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten “no tendrán efectos suspensivos”.
La ley justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es “necesaria”, pero “en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”, por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.
Por tanto, añade, “esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”.
La orden de detención de Puigdemont queda sin efecto
El perdón incluye una referencia directa al ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica desde hace seis años, al señalar que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión” así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a otros tres dirigentes fugados.
Estos son los ex consejeros Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena.
Asimismo, el texto no incluye ninguna alusión al “lawfare” o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales, un aspecto incluido en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial, aunque sí prevé la reforma del Código Penal para incluir la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto.
Excluye delitos de terrorismo con condena firme
La ley excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europea, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont, y a Marta Rovira, así como la de los Comités de Defensa de la República encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del proceso secesionista.
Otro de los delitos que quedan fuera de la Ley de Amnistía son los de torturas o tratos inhumanos o degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, “siempre que superen un umbral mínimo de gravedad”.
De esa forma, se abre la puerta para la amnistía de los policías nacionales y guardias civiles encausados por las cargas para impedir el referéndum del 2017, siempre que no hayan incurrido en conductas de extrema gravedad. EFE
