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Jueza del TC afirma cada sentencia de la alta corte es un paso en la construcción de jurisprudencia comprometida con la igualdad de género

LA ROMANA.- Al dictar  la conferencia «Criterios fijados por el TC en materia de igualdad de género», la jueza del Tribunal Constitucional (TC), magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente,  afirmó que cada sentencia representa un paso en la construcción de una jurisprudencia comprometida con la igualdad de género.

Durante su ponencia, dirigida a los participantes en el Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional que organiza esta alta corte en la región este,   Vásquez Acosta  subrayó que al establecer criterios claros y comprometidos con la igualdad de género, el Tribunal ha demostrado que la protección de los derechos fundamentales no es solo una obligación constitucional, sino que puede transformar realidades reforzando el Estado de derecho para construir un país más justo, donde cada persona pueda vivir libre de violencia y sin discriminación.

Expresó que, a pesar de los avances normativos, la igualdad formal ante la ley no siempre garantiza que mujeres y hombres, en su diversidad, gocen de las mismas oportunidades y libertades en la práctica.

En su exposición, la jueza del órgano jurisdiccional hizo un recorrido por los casos más significativos en los que el Tribunal ha fijado criterios clave en materia de género.

“Estas decisiones no son solo sentencias aisladas; son parte de un esfuerzo mayor por traducir los mandatos constitucionales en una realidad tangible. Y en este camino, hemos encontrado inspiración en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que no solo complementan nuestro ordenamiento jurídico, sino que refuerzan nuestra obligación de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa”, dijo.

“Quiero destacar que estas decisiones no son simples resoluciones de casos concretos, sino que son expresiones de un compromiso por transformar la igualdad formal en igualdad real. A través de ellas, el Tribunal Constitucional ha buscado cerrar brechas, proteger a las víctimas de violencia, y asegurar una participación más equitativa de las mujeres en diversos ámbitos de la vida pública y privada”, expresó.

En el desarrollo de su conferencia, la magistrada Vásquez Acosta agrupó las decisiones del del TC en materia de género en cuatro temas: protección contra la violencia de género, igualdad en la representación política y el acceso a cargos públicos, derechos de las mujeres en uniones de hecho y pensiones de sobrevivencia, y la justificación de medidas de discriminación positiva y acción afirmativa.

En ese sentido, abordó las sentencias TC/0010/12, TC/0109/13, y TC/0238/17, sobre protección contra la violencia de género: las TC/0159/13, TC/0668/18, TC/0104/20 y TC/0620/23, relacionadas a la igualdad en la representación política y el acceso a cargos públicos.

En tanto que sobre derechos de las mujeres en uniones de hecho y pensiones de sobrevivencia, habló, entre otras, de las sentencias TC/0012/12, TC/0432/15, TC/0261/16, TC/0007/17, TC/0027/17; y en cuanto a la justificación de medidas de discriminación positiva y acción afirmativa se refirió a las decisiones TC/0028/12, TC/0159/13, TC/0014/14 y TC/0266/14.

“A pesar de los avances logrados a través de estas sentencias, aún existen obstáculos significativos para lograr una igualdad plena entre hombres y mujeres en la República Dominicana”, destacó.

Resaltó que las decisiones del Tribunal han sentado precedentes importantes y han abierto el camino hacia una mayor protección de los derechos de las mujeres, pero que aún queda mucho por hacer para garantizar que estos avances se traduzcan en cambios profundos y sostenibles en todos los ámbitos de la sociedad.

La jueza segunda sustituta del presidente del TC dijo que el reto es continuar fortaleciendo la interpretación de los derechos fundamentales desde una perspectiva de género, asegurando que las decisiones judiciales sigan avanzando hacia una mayor igualdad de género.

Afirmó que el Tribunal tiene la responsabilidad de seguir vigilando que las medidas adoptadas por el Estado sean efectivas y cumplan con el objetivo de promover una igualdad sustantiva.

“Es fundamental que el Estado, a través de sus diversas instituciones, implemente de manera efectiva las políticas públicas que respalden las sentencias del Tribunal y que garanticen el acceso a la justicia para todas las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad”, agregó.

La magistrada Vásquez Acosta concluyó diciendo que “La igualdad no se proclama, se construye. Cada sentencia que emitimos es un ladrillo más en el edificio de una sociedad justa, donde ser mujer no sea sinónimo de lucha, sino de oportunidad. Porque la justicia verdadera no solo escucha, sino que actúa para que los derechos dejen de ser promesas y se conviertan en realidades.”

Más de la actividad

Las palabras de bendición estuvieron a cargo de monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo; mientras que el doctor Brígido Ruiz, expresidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de SPM, tuvo a su cargo la presentación de la conferencia.

En la actividad estuvieron presentes el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, acompañado de su esposa Katy Joa; el magistrado Amaury A. Reyes Torres, juez de esta alta corte; Karina Aristy, alcaldesa de Higüey; Enrique Martínez, presidente fundador de la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura de La Romana; el doctor Ramón Antonio Veras (Negro), Reyna Yaniris Rodríguez, procuradora fiscal de La Romana; entre otras personalidades vinculadas a la comunidad jurídica.

El Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la región este es coordinado por la magistrada del TC Alba Luisa Beard Marcos.

El objetivo de este diplomado, que tiene el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), es formar profesionales para que conozcan la justicia constitucional y entiendan el valor de la carta magna como norma suprema del Estado.

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