Frankelvin Sánchez
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva a cinco de los 12 imputados, implicados en una red de corrupción que supuestamente operaba dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), y que fue desmantelada mediante la operación Gavilán.
El Ministerio Público acusa a los encartados de pertenecer a un entramado ilícito que borraba fichas de la base de datos de la institución a personas que tenían antecedentes por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
Los imputados que irán a diferentes cárceles son Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República, y Alfredo Mirambeaux Villalona, encargado de la División de Administración de la Base de Datos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría. Estos están acusados de ser los cabecillas de la alegada red criminal.
También fueron enviados a cárceles, a cumplir prisión preventiva, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, Domingo Julio Santana Sánchez, mensajero externo de la Fiscalía del Distrito Nacional y el ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco.
Rubén irá a cumplir la medida a la cárcel de San Pedro de Macorís y los demás a la cárcel Najayo-Hombre.
Los demás imputados, que algunos no son empleados de la Procuraduría, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público y contra ellos el órgano persecutor varió la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva a arresto domicilio, impedimento de salida del país y garantias economicas.
En ese sentido, el juez Rigoberto Sena ordenó arresto domiciliario a la coordinadora de la Fiscalía de Independencia, Pilar Yrenes Medina Trinidad.
Mientras que a los coimputados Laudelina Esther Reyes, esposa del imputado Rubén Morbán y la hija de ambos, Ashley Darleni Morbán Reyes, así como a Dilcia Argentina Núñez Santos, quien era pareja del imputado Mártires Rosario, el magistrado le impuso garantías económicas e impedimento de salida del país.
Igual medida se dictó contra el miembro de la Policía Nacional, Antony Vicente Ferrer Monegro, así como a Romanqui Alexander Dotel Medina, Yokaira Elizabeth Carmona y Antony Vicente Ferrer Monegro.
El juez Rigoberto Sena declaró el caso complejo y rechazó todos los pedimentos de las barras de la defensa.
La operación Gavilán tiene bajo investigación al menos siete fiscales contra los que el Ministerio Público (MP) procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
