Washington. Un tribunal de Texas acoge desde hoy el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el programa de permisos humanitarios del Gobierno de Joe Biden, que ha permitido la entrada de unos 180.000 migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití a EE.UU. en menos de un año.
La demanda que tiene que estudiar el juez Drew Tipton -quien en el pasado ha fallado en contra de las políticas migratorias de la Administración de Biden- pone en riesgo esta medida que supone una de las principales herramientas del Gobierno para controlar la migración en la frontera sur.
El programa, argumentó el Gobierno en un documento presentado ante la corte antes de la audiencia de hoy, ha contribuido a la “reducción de las detenciones” de migrantes de estas cuatro nacionalidades en la frontera y a desincentivar “rutas peligrosas” de migración hacia EE.UU.
Como consecuencia, si se llegara a eliminar, argumentaron las autoridades, habrá un “aumento significativo de la migración en la frontera suroeste” del país.
Además, como recordó el gobierno, el permiso humanitario -más conocido por su nombre en inglés “parole”- ha sido usado para permitir la entrada de migrantes a EE.UU. en otros momentos de la historia del país.
Los estados demandantes, sin embargo, consideran que el Gobierno está tomando una medida ilegal porque usa el permiso humanitario para conceder la entrada de los migrantes y a su vez les ha obligado a gastar “cientos de millones de dólares” en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del programa.
El ejecutivo, subrayaron los estados en la petición inicial de demanda ante el tribunal, ha creado un nuevo programa de visa que permite la entrada de miles de extranjeros que, sin ese vía, no tendrían bases” para llegar legalmente a EE.UU.
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