A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), apoderado por el Poder Ejecutivo para recuperar los bienes públicos en manos de particulares, el Estado valoró la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar coerción por más de 445 millones de pesos en contra de los imputados a quienes se les acogió la calificación jurídica de lavado de activos en el caso de corrupción seguido a Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y otros.
De igual manera, la disposición de enviar a juicio a todos los implicados que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.
El juez dijo que independientemente de que existan garantía económica de 60 millones o 20 millones dispuestas como medida de coerción a algunos imputados, así como secuestro de bienes por parte del Ministerio Público de cara al hipotético decomiso, la coerción real tiene un fin específico: retener los fondos para la hipotética indemnización del Estado como actor civil.
“Vemos este caso como un proceso histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Donde se apertura un nuevo camino, donde el Estado dominicano no solo requiere una pena ejemplar para quienes violan la ley contra el patrimonio público sino que en adición a eso persigue que sea indemnizado el Estado como consecuencia de las acciones ilícitas que se cometieron en perjuicio de todos los dominicanos y las dominicanas”, afirmó Jorge López Hilario en representación del ERPP.
“Por primera vez en un caso penal por corrupción, el juez acogió nuestra teoría fáctica de que se conformó un conjunto económico y dispuso medidas de coerción real para garantizar la eventual indemnización que acuerde el juez de fondo”, puntualizó.
López Hilario aclaró que estos montos señalados por el juez no son los que corresponden a la indemnización que pide el Estado, sino la autorización para trabar la medida.
Se recuerda que el Estado solicita una indemnización por más de 23 mil millones de pesos por los hechos ilícitos en que han incurrido los implicados en la red de corrupción que estafó al Estado dominicano.
En su decisión el juez admitió como parte civil constituida al Estado Dominicano, representada por el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) mediante Decreto núm. 22-21, reconociendo su calidad de víctima y la facultad que tiene para intervenir en el proceso en tal condición.
Esta es la primera decisión en el país que, en materia de corrupción, acoge el pedimento de declaratoria de conjunto económico, que fue realizada por el Estado Dominicano.
El magistrado señaló que las empresas y los imputados acusados, según las pruebas aportadas, funcionaban bajo el control de una misma persona o grupo de personas bajo la coordinación y subordinación del principal acusado en el caso Juan Alexis Medina Sánchez, con un claro objetivo en común.
