El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, doctor Juan Manuel Rosario, afirmó la intención de organismos internacionales de establecer campos de refugiados haitianos en la frontera y de que el país asuma la protección de niños sin padres y adultos mayores, proveerlos de documentos y planes de salud.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que el planteamiento de la creación de un campo de refugiados está contenido en un documento denominado “la contingencia”, obtenido por el Ministerio de Interior y Policía.
“Eso se discutió a espalda del pueblo dominicano, de manera secreta, se discutió en el Instituto Nacional de Migración, en la administración pasada, y ahí participaron muchos sectores del país, que tienen que ver, incluso, con la protección de la República Dominicana, todas las firmas estaban ahí”, significó.
Rosario especificó que en esa discusión participaron la Organización Internacional para las Migraciones y un conjunto de instituciones que tenían una ruta de por dónde iban a entrar los haitianos indocumentados por todos los pueblos de la frontera, entre ellos Dajabón.
“Entonces ahí se iban a establecer todas las estructuras necesarias para recibir esa gente, y ellos decían que en Haití iba a ver un conflicto y había que preparar toda la estructura para responder a eso”, acotó.
Reveló que un organismo extranjero se presentó ante el Ministerio de Interior y Policía, indagando la identidad de la persona que dio a conocer el documento que contemplaba la instalación de campos de refugiados.
“Los organismos internacionales entienden que todo el que se registró conforme a la Ley 169 le corresponde la nacionalidad dominicana automáticamente y no es así”, significó.
Rosario aclaró que la propia ley, que define como una aberración al interés nacional, no se podía aplicar como pretendían las entidades extranjeras.
Argumentó que la Ley 169-14 establece que todo aquel que se acogió a la norma, que son los hijos de extranjeros ilegales en República Dominicana que se regularizaron o que nacieron aquí, dos años después de haber obtenido la residencia podían adquirir la nacionalidad dominicana por naturalización, conforme con la Ley 1683.
“Lo que pasa es que los organismos internacionales y algunas ONG que hay aquí, entienden que ellos tienen que ser exonerados de esos requisitos, alegando que todo el que se sometió a la 169 le corresponde la nacionalidad dominicana automáticamente, eso es mentira”, enfatizó.
El jurista y académico manifestó que en la pasada gestión se sentó con organismos internacionales que pretendían imponer una serie de decisiones a favor de niños y adultos mayores haitianos.
“Querían que nosotros asumiéramos los niños no acompañados, dije: no, nosotros tenemos que crear un mecanismo para rastrear dónde están los padres y entregárselos a sus padres, y rastrear quiénes trafican con esos niños en las calles dominicanas”, subrayó.
Rosario precisó que también buscaban que el país se responsabilizara de los envejecientes haitianos, fueran dotados de seguros y otros mecanismos de protección social.
Reveló que cuando se discutió ese tema había una representación de las Naciones Unidas (ONU), de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Foro de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros.
“Nosotros podemos contribuir con una política en el interior de Haití para ayudar, en un mundo civilizado el Estado dominicano puede contribuir con ese Estado, como en otro momento han contribuido con nosotros, pero no podemos asumir eso”, acotó.
Aseguró que hay organismos internacionales que han logrado hacer cancelar empleados de la administración pública porque no coinciden con sus planteamientos.
“Particularmente a mí, ellos han hecho todo lo posible por anularme de la vida pública”, enfatizó, tras afirmar que hay una orientación hacia el aislamiento de personas que defienden la nacionalidad.
Indicó que nadie en particular puede asumir una responsabilidad así en nombre del Estado dominicano porque una decisión de esa naturaleza debe ser tomada a través de un referéndum, porque implica un componente de soberanía nacional.
Recordó que a finales del 1890, el presidente Ulises Heraux (Lilís) convocó a un plebiscito para discutir los problemas atinentes a los conflictos fronterizos dominico-haitianos, decidiéndose someter el tema a un arbitraje internacional en el que el Papa de ese entonces fue planteado como árbitro.
El funcionario consideró que los problemas suscitados con el tema haitiano no se pueden discutir a espaldas del pueblo dominicano.
“Tiene que ser con la claridad meridiana que se requiere y el pueblo dominicano que decida”, enfatizó.
