Frankelvin Sánchez
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, denunció que los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional han violado sus derechos y actuado con parcialidad en su juicio por presunta corrupción.
Una de las principales acusaciones fue la prohibición del acceso de la prensa a las audiencias con cámaras y grabadoras, sin que se solicitara formalmente tal restricción, lo cual, según Rodríguez, vulnera el derecho a un juicio público.
Además, en una rueda de prensa ofrecida junto a sus abogados, Carlos Balcácer y Nelys Riva, Rodríguez destacó que a los abogados de la defensa se les impidió presentar la recusación de forma oral, como establece la ley.
Otro de los señalamientos realizados por la defensa se centró en la jueza Keyla Pérez Santana, quien, según ellos, ordenó por escrito que Rodríguez y sus compañías depositaran varios documentos en un plazo de cinco días. Sin embargo, una vez cumplido dicho plazo, la jueza supuestamente decidió rechazar los documentos sin justificar su decisión ni basarse en ninguna norma legal.
La defensa también presentó pruebas que, según afirman, demuestran que los jueces y la secretaria del tribunal cometieron falsedad intelectual al manipular el acta de una audiencia del 11 de octubre de 2024.
Se alega que los jueces alteraron el contenido del acta y falsificaron las causas del aplazamiento de una audiencia prevista para el 4 de noviembre, señalando erróneamente que el retraso fue causado por las defensas.
Denunció que las partes no fueron convocadas para la audiencia reprogramada el 5 de noviembre, y que se intentó ocultar la responsabilidad de los jueces.
Por otro lado, la defensa presentó la resolución N° 941-2024-SRES-00095, en la que supuestamente refleja que la jueza Pérez Santana condicionó la modificación de una medida de arresto domiciliario a la colaboración del imputado con la Procuraduría, lo cual, según Rodríguez, viola el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial y demuestra una falta de independencia y parcialidad.
Los abogados de Rodríguez insisten en que el tribunal fue “ilegalmente designado”, pues sostienen que el proceso no cumplió con los procedimientos de selección aleatoria.
Finalmente, se destacó la enemistad entre el abogado Carlos Balcácer y el juez Elías Santini Perera, lo que, según la defensa, impide a este último conocer cualquier caso representado por Balcácer.
