SANTIAGO.– La Fiscalía de Santiago logró que fueran dictados tres meses de prisión preventiva a un teniente retirado de la Policía Nacional, un primer teniente activo y un civil, imputados de incurrir en asociación de malhechores y robo agravado, luego de que fueran arrestados en flagrancia cuando sustraían más de 500 galones de combustibles de la estación de suministro ubicada en la Dirección Regional Cibao Central de la institución del orden en esta provincia.
Las imputaciones contra los procesados, teniente retirado Jorge Bolívar Peralta, el operador de turno de la estación de combustibles, primer teniente Pedro Antonio Bernabel Peguero, y el civil Carlos Miguel Bello Martínez, están contenidas en la instancia de solicitud de medidas de coerción que se dirimió este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, presidida por la jueza Estephanie Santiago Reyes.
Ante la juzgadora, la fiscal litigante del Ministerio Público, Heidys de León, detalló que los imputados fueron sorprendidos mientras llenaban 13 garrafones de combustibles, los cuales estaban en el interior y en la cama de una camioneta Ford Ranger, rotulada con logos de la Policía Nacional, ficha F4439, la cual también forma parte de las evidencias colectadas.
Refirió la representante de la Fiscalía que la comisión de estos hechos constituye una violación establecida y sancionada en los artículos 265, 266 y 379 del Código Penal Dominicano, consistente en asociación de malhechores y robo agravado, en perjuicio de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional.
El robo del combustible fue frustrado tras el seguimiento que oficiales de la División de Contra Inteligencia de la Policía Nacional les dieron a informaciones recibidas y que daban cuentas de que hombres vinculados al cuerpo del orden, sustraían grandes cantidades de combustibles, fuera del horario establecido por la institución.
La jueza ordenó el cumplimiento de esta medida privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago, y la revisión obligatoria a esta medida para el 26 de julio del presente 2023.
