PUERTO PLATA, (República Dominicana). – La Fiscalía de Puerto Plata ha logrado una sentencia condenatoria en contra de Luis Alejandro García Marte, Adonis Alexander Brito Hernández y María Miguelina Luna Rodríguez, por su participación en un esquema de fraude Phishing en la modalidad de Spoofing bancario.
El Tribunal Colegiado de este distrito judicial, que preside la magistrada Jakayra Veras, dictó la sentencia condenatoria de cuatro años de prisión en contra los ciberdelincuentes, quienes, utilizando suplantación de identidad, lograron obtener informaciones sensibles y realizar transacciones fraudulentas por un monto ascendente a 500 mil pesos.
El Ministerio Publico estuvo representado por el fiscalizador Marcos Wilkins Diaz, quien demostró, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de los procesados, por sus acciones en franca violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, misma que tipifica y sanciona la complicidad de la captación de códigos de acceso, el acceso ilícito a sistemas electrónicos, la obtención ilícita de fondos mediante transferencia fraudulenta y la estafa mediante robo de identidad o uso de identidad ajena a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones.
En la investigación, realizada por el procurador fiscal Warly Tavárez, director de la Unidad de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Puerto Plata, el órgano persecutor pudo determinar que en la asociación de malhechores compuesta por los condenados, lograron sustraer fondos financieros desde una cuenta bancaria mediante las maniobras fraudulentas de pesca de datos, llamada Fishing, en donde por correo electrónico se hicieron pasar por una entidad de intermediación financiera, simulando una situación de seguridad con la idea de obtener las credenciales de seguridad del Internet Banking del usuario mediante un enlace fraudulento que simulaba la página web del banco, para sustraer las credenciales del Internet Banking, logrando transferir a diversas cuentas.
La condena impuesta por el tribunal deberá ser cumplida por los procesados en los Centros de Corrección y Rehabilitación San Felipe y Rafey Mujeres en la ciudad de Santiago.
