Arismendi Díaz Santana
Anualmente, las familias dominicanas cargan entre el 41% y el 44% del gasto total en salud. En el 2015, el mismo ascendió a 72,570 millones de pesos, según revelan Magdalena Rathe y Pamela Suero, en su libro Salud Visión de Futuro, 20 años después, de acuerdo a una cuantificación exhaustiva realizada.
Pero, si le agregamos otro 10% en que incurren las familias para contratar planes de salud complementarios y voluntarios, por un monto de 17,700 millones, entonces estamos hablando de un gasto privado total de 90,270 millones, que recae directamente sobre el presupuesto familiar. En 2024 este gasto superará los 142,000 millones.
En contraposición, y de acuerdo a la publicación, el gasto público apenas alcanzó el 49%, equivalente a 87,000 millones de pesos, lo que no deja lugar a dudas de que el Estado, lejos de asumir una cuota mayor de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, está eludiendo su responsabilidad, a pesar del crecimiento sostenido de la economía.
“En efecto, el gasto de los hogares sigue representando una proporción demasiado elevada del financiamiento del sistema dominicano de salud, lo que hace pensar que no se están cumpliendo los propósitos de equidad y protección financiera que se proponía la reforma de salud”.
El gasto de los hogares, de representar 47% del gasto total del 2008, pasó al 48% en 2015, lo que implica que prácticamente se mantuvo al mismo nivel. De hecho, también el financiamiento público se mantuvo casi sin variación en términos porcentuales, aunque aumentó en términos absolutos”.
A pesar de un crecimiento del PIB muy superior, nuestro país es uno de la región “con mayor desprotección financiera en salud, medida por el gasto directo del hogar, junto con Venezuela, con un gasto del 64%, Guatemala con 52%, Paraguay, República Dominicana y Ecuador, con 49%”.
Un alto costo por la ausencia de la atención primaria
Desde hace años venimos denunciando el crecimiento del gasto de bolsillo, contraviniendo uno de los objetivos de la Ley de Seguridad Social, que persigue reducir esa importante barrera, que erosiona el carácter universal del sistema y bloquea el acceso regular a la atención médica de las familias más pobres y vulnerables.
Además, hemos indicado que los copagos constituyen una consecuencia directa de la vigencia de un modelo de atención centrado en la curación, a pesar de que el diseño del Seguro Familiar de Salud (SFS) presupone la atención primaria como puerta de entrada al sistema nacional de salud.
Además, el gasto de bolsillo se acentúa debido a las notables deficiencias de los centros públicos de salud que obligan, incluso, a las familias más pobres y vulnerables a demandar, con grandes sacrificios, servicios básicos de diagnósticos y atención médica en clínicas privadas. Con el agravante de una asignación de los recursos y contratación del personal, sin garantía de calidad y desempeño.
Las autoras concluyen que 20 años después el país ha avanzado muy poco en el logro de las metas propuestas. Y señalan que “aunque el marco legal pudiera ser perfectible en muchos aspectos, no es indispensable modificar las leyes para lograr las metas. Más bien podría ser peligrosa una vuelta atrás, sin tener todavía la fortaleza institucional necesaria”.
Aunque es necesario introducir algunas reformas puntuales importantes, concordamos con las autoras que “en el país lo que se requiere es voluntad política, expresada en la asignación de los fondos y en la decisión de hacer que las leyes y normativas sean cumplidas”. En memoria de la inolvidable Magdalena Rathe (QEPD).
