Carlos Manuel Manzano
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La anunciada fusión del Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) no puede presentarse como una verdadera reforma del Estado, y mucho menos, como una propuesta de modernización y eficiencia administrativa.
Es, en realidad, una decisión apresurada, carente de sustento técnico y jurídicamente cuestionable, que amenaza con debilitar aún más un sistema educativo que ya enfrenta enormes desafíos.
Más allá del discurso oficial, esta fusión nace viciada desde su origen. La Ley Orgánica de la Administración Pública, No. 247-12, establece con claridad que cualquier proceso de creación de nuevo ente u órgano administrativo debe estar precedido de un ¨estudio previo del impacto de su creación en la racionalidad, eficacia y eficiencia administrativa en el sector¨
No se trata de simples formalidades burocráticas, sino de garantías mínimas para proteger la racionalidad del Estado y la calidad de los servicios públicos. En este caso, esos estudios no han sido presentados, lo que coloca la decisión en un terreno de evidente fragilidad legal.
Esta omisión constituye una violación directa de la ley. Ningún poder tiene facultad para reorganizar el Estado según conveniencias políticas o narrativas de ocasión. La ley Orgánica de Administración Pública existe precisamente para evitar decisiones discrecionales, muchas veces arbitrarias, que pudieran debilitar la institucionalidad pública.
La educación preuniversitaria y la educación superior responden a lógicas, objetivos y marcos normativos distintos. Forzar su integración administrativa abre la puerta a una peligrosa mezcla de competencias, duplicidad de funciones, choques burocráticos y una alarmante falta de coherencia y coordinación institucional.
La consecuencia inmediata será el desorden: cruce de atribuciones, retrasos en la toma de decisiones, pérdida de especialización técnica y una coordinación deficiente. En lugar de fortalecer la rectoría del sistema educativo, se le debilita; en lugar de mejorar la eficiencia, se profundiza la confusión.
Tampoco resulta creíble el argumento del ahorro. En la práctica, las fusiones ministeriales no reducen la nómina pública ni el gasto corriente; los empleados son reubicados y las estructuras se reproducen bajo nuevos nombres. Pretender lo contrario es desconocer cómo funciona el aparato estatal dominicano.
El Estado no se hace más eficiente por leyes ni decreto, y mucho menos cuando se actúa sin planificación ni evaluación de impacto.
Pero el problema más grave no es sólo administrativo, es, además, político e institucional. Cuando se decide reorganizar el aparato estatal ignorando su propia Ley Orgánica, se envía un mensaje peligroso: que la legalidad es secundaria frente a la conveniencia política o la propaganda de turno.
Ese precedente erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.
La educación no admite improvisaciones ni experimentos administrativos. Cada decisión mal pensada tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio, la gobernanza del sistema y, en última instancia, sobre el futuro de miles de estudiantes y docentes.
Reformar el Estado no es mover organigramas, sino fortalecer instituciones, respetar la ley y actuar con responsabilidad técnica.
Sin estudios previos, sin planificación y sin un debate público serio, esta fusión no representa un avance, más bien, representa un retroceso institucional que el país no debería aceptar como algo normal.
