Exiliados nicaragüenses piden a ONU y OEA abogar por DDHH antes de comicios

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MANAGUA.- Un grupo de exiliados denominado Nicaragüenses en el Mundo (NEEM) solicitó este martes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE), conformar una comisión para recuperar los derechos humanos en Nicaragua, antes de las elecciones de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección.

En una declaración pública, el NEEM solicitó “a la ONU, a los Estados miembros de la OEA, y a la UE la conformación inmediata de una ‘Comisión de Alto Nivel’, y el uso de todos los mecanismos pacíficos para presionar y demandar al régimen el cumplimiento de las normas y estándares internacionales para la recuperación de libertades y el desarrollo de procesos electorales, sin mayor demora”.

La petición de los nicaragüenses que se marcharon al exilio a raíz del estallido social de abril de 2018 se debe a que Ortega no ha dado muestras de cumplir con la resolución de la Asamblea General de la OEA, de octubre pasado, en la que básicamente lo llamó a crear condiciones para unas elecciones “creíbles” a más tardar en mayo próximo.

Por el contrario, según NEEM, “la creciente represión a nueve meses de las elecciones impiden celebrar elecciones libres, justas y transparentes”.

NEEM destacó que las elecciones son la “vía democrática para reemplazar el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo por un gobierno nacido de la voluntad popular”, pero que el Gobierno sandinista hace “oídos sordos a todo reclamo de la ciudadanía por la restitución de sus derechos constitucionales y libertades fundamentales”.

Unas elecciones “bajo estado de excepción de facto no tendrán validez ni podrás ser reconocidas”, agregaron los exiliados.

NEEM también reiteró su demanda de liberación de los “presos políticos”, el retorno seguro de los exiliados a Nicaragua, desarme y desmovilización de “paramilitares”, respeto a las libertades de expresión, organización y reunión, así como el reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos humanitarios, expulsados del país en 2018.

Según datos de la CIDH, más de 103.000 nicaragüenses han huido de su país desde el estallido contra Ortega en 2018, en lo que Estados Unidos ha llegado a denominar como una “política de exilio, cárcel o muerte”, que en ese año acabó con la vida de al menos 328 personas, en un conflicto que continúa vigente.

Aunque las elecciones presidenciales están previstas para el 7 de noviembre próximo, en Nicaragua permanece la prohibición de expresiones de rechazo hacia Ortega y los sandinistas, o de actos proselitistas opositores, restricciones en el uso de los símbolos nacionales, y más recientemente fueron aprobadas una serie de leyes que limitan el financiamiento exterior y las aspiraciones a cargos públicos.

En dichas elecciones estarán en juego 42 años de dominio casi absoluto de la política nicaragüense por parte de Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, tras haberlo hecho entre 1980 y 1990, en medio de una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos.