En el país se registran movimientos de protestas que pasan ya de esporádicos a continuos y crecientes.
Las manifestaciones se realizan a modo de paradas frente a instituciones públicas, movilizaciones callejeras y paros de labores en ciudades y comunidades de provincias.
Por lo que registran los medios de comunicación, las causas fundamentales de estas protestas son los altos precios de la comida, la inseguridad ciudadana y los apagones.
Sin que dejemos de tomar en cuenta las explicaciones del gobierno ante cada uno de estos factores generadores de protestas, lo importante es procurar darles salida a estos problemas o al menos procurar acciones que atenúen su impacto en la población molesta.
Quizás debamos revisar el programa de los denominados apagones financieros. Como ya se sabe, lastiman a quienes no pagan, pero arrastran a quienes cumplen cabalmente con el deber de pagar por el servicio.
Todo luce indicar que la población necesita sentir un mayor esfuerzo de las autoridades para la preservación del orden público y la seguridad ciudadana. Aunque las cifras oficiales sobre el combate a la inseguridad lucen auspiciosas, los hechos delictivos, criminales y sangrientos que recogen días tras días y semanas tras semanas los medios informativos conspiran con la paz y el sosiego de las comunidades mayormente afectadas por estos flagelos.
Y ante el componente de las alzas en los precios de la canasta familiar, como lo reconocen las propias autoridades con los acreditados informes del Banco Central, pues resulta más que obvia la necesidad de propiciar un mayor nivel en el poder adquisitivo de la población.
En este último renglón se hace impostergable disponer del aumento en el salario mínimo.
Como ya conocemos la propuesta del 20 por ciento planteada por el gobierno, del 30 por ciento sugerido por las centrales sindicales, y hasta de un estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que recomienda un 25 por ciento, pues solo nos resta conocer la propuesta del importante sector empresarial para lograr un grado de consenso que no cree distorsiones.
Un aumento del salario, no solo se corresponde con un mandato de ley que establece su revisión cada dos años, sino que constituye un importante paliativo en medio de esta efervescencia del enojo colectivo, que en modo alguno debemos permitir que degenere en un clima de peligrosa convulsión social.
