Este lunes estuvieron reunidos en el Congreso Nacional la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados y representantes de las distintas entidades del Estado que están encargadas de regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en el país, que están bajo la supervisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El objetivo de este encuentro se hizo con el objetivo de socializar los avances sobre la fiscalización y aplicación de la Ley 63-17, cuya finalidad es precisamente regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana.
La intención de las autoridades y los congresistas es buscar que mediante la aplicación de la ley se pueda disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que se han convertido en la principal causa de muerte en el país.
El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Juan Dionicio Restituyo, consideró que está ley debe ser cumplida por todos sin que existan excepciones para poder reducir el índice de muerte que se registra cada año en el país.
Agregó que los accidentes de tránsito provocan cada año unas cuatro mil muertes y dejan más de nueve mil heridos o discapacitados, representando estos un gasto estimado de 200 mil millones de pesos que son destinados al sector salud por esta causa.
«La República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares de accidentes a nivel mundial y desde el Congreso Nacional se está trabajando para solucionar este mal», expresó Restituyo.
El diputado del partido Frente Amplio, agregó que se hace necesario que la población sean conscientes que lo representa el cumplimiento de la ley para reducir los accidentes.
El 70% de los accidentes que se producen en el país involucran motocicletas.
