¡En olla: Adán Cáceres y Rossy Guzmán no han salido de prisión «por falta de dinero»!

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Rosmerys De León

El general Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, implicados en el caso Coral, no han podido salir de prisión «por no contar con el dinero suficiente» para pagar la fianza que le impuso una jueza cuando le varió la medida de coerción por arresto domiciliario.

La jueza Yanibet Rivas dispuso que el ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) pague 100 millones de pesos, mientras que para la pastora ordenó una garantía económica d  50 millones.

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Aunque, pueden pagar mediante una compañía aseguradora, que le cobra un 10 por ciento del momento total, los abogados de Adán Cáceres aseguraron que “el dinero no es fácil de conseguir”, debido a que su cliente tiene sus cuentas congeladas y sus bienes incautados.

El militar tiene que pagar 10 millones de pesos a la aseguradora para poder salir de la cárcel Najayo donde tiene un año y medio recluido.

“Estamos valorando las alternativas que tenemos (para poder pagar), como ustedes saben el monto que estableció la jueza fue muy alto, y nuestro cliente tiene todos sus bienes y fondos incautados, entonces no es sencillo, independientemente de lo que se pueda creer, conseguir esa cantidad de dinero”, dijo el jurista Romer Jiménez.

Indicó que están evaluando la situación y la decisión de la jueza para determinar si la apelarán ante un tribunal de alzada.

En la misma situación se encuentra la pastora Rossy Guzmán, según informó su abogado. En su caso tiene que pagar una prima de cinco millones de pesos a la aseguradora, debido a que la fianza que es de 50 millones de pesos.

“Rossy Guzmán no tiene dinero para pagar esa prima”, afirmó el togado Héctor López Rodríguez, quien agregó que están realizando las diligencias con iglesias, amigos y familiares para ver cómo se puede obtener la fianza.

A esto se suma, que también deben costear los grilletes electrónicos que la jueza le mandó a colocar a ella y su hijo Tanner Flete Guzmán, también implicado en el caso. El dispositivo lo deben usar mientras estén cumpliendo arresto domiciliario en sus casas.

De acuerdo al jurista, el costo por los localizadores es de 450 dólares mensuales.

“Personas que no pueden trabajar, que estarán destinadas, confinadas a sus casas, de dónde van a sacar dinero si sus cuentas están congeladas, sus bienes están todos incautados, entonces al final es una medida de coerción que lo que está disfrazado es una prisión”, expuso.

Explicó que si los imputados no pueden pagar el brazalete ni la garantía económica van a tener que quedarse en prisión.

Sobre Flete Guzmán explicó que ya pudieron obtener el dinero prestado para pagar el grillete, aunque todavía no está en su casa debido a los trámites que hay que realizar antes de salir de Najayo.

Al ser preguntado sobre esto, el fiscal Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que “ellos tienen que ejecutar la decisión que ha ejecutado el tribunal o hacer uso de las vías que establece la ley”.

Los abogados y el fiscal hablaron luego de que la audiencia preliminar del caso Coral, pautada para iniciar hoy, fuera aplazada para el próximo lunes.

El pasado martes, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, cesó  la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.

Y dispuso prisión domiciliaria para el general Cáceres y Nuñez de Aza. Además, el pago de una   garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.

A Guzmán se le estableció arresto domiciliario, impedimento de salida, la colocación de un grillete electrónico y una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía.

Mientras a Flete Guzmán le fue colocado impedimento de salida, arresto domiciliario y un grillete electrónico.

En este proceso judicial, el Ministerio Público presentó cargos contra 30 personas físicas y 18 empresas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

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