Frank Valenzuela
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Manzanillo, Montecristi. El sector pesquero de Manzanillo, que en 2021 generó una economía real de 421 millones, enfrenta hoy una crisis silenciosa mientras avanzan, sin freno, la ampliación del puerto y la construcción de la terminal de gas natural. Lo que durante décadas sostuvo a cientos de familias costeras comienza a erosionarse bajo el peso de dos megaproyectos que transforman aceleradamente la Bahía sin un fondo real de compensación.
El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) advirtió que la pesca artesanal —una de las columnas históricas del municipio de Pepillo Salcedo— sufre restricciones progresivas en sus rutas tradicionales, pérdida de accesos históricos de embarque y desembarque y una presión acumulativa sobre el espacio marino que reduce su margen operativo.
El propio Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, reconoce impactos derivados del aumento del tráfico marítimo y de las nuevas operaciones portuarias. Sin embargo, ese reconocimiento no se traduce en un mecanismo financiero proporcional al valor productivo anual del sector.
A la presión portuaria se suma el proyecto de Terminal de Importación, Almacenamiento y Regasificación de GNL y Central Eléctrica de aproximadamente 420 MW, desarrollado por Manzanillo Bay Energy, que introduce una nueva dinámica marítima de buques tanque, zonas de anclaje y áreas de exclusión en espacios históricamente utilizados por la pesca artesanal.
Los 421 millones generados en 2021 no son una cifra simbólica. Según los datos contenidos en el EIAS del proyecto energético, la producción alcanzó 1,693,346 kilogramos ese año, distribuidos entre especies de alto valor comercial como chillo y pargo; crustáceos como langosta; y moluscos como pulpo y lambí. Solo la langosta generó más de 70 millones.
Ambos proyectos contemplan programas de gestión ambiental y monitoreo de biota acuática. Sin embargo, monitorear no es compensar. Mitigar no es resarcir. No existe un fondo equivalente a los RD$421 millones anuales que sostienen la economía pesquera local. No hay fórmula de proporcionalidad ni esquema automático de reparación ante pérdida productiva.
Mientras las inversiones portuarias y energéticas se cuantifican en cientos de millones de dólares, el sector carece de garantías estructurales frente a la reducción de su espacio operativo. Más de un centenar de pescadores identificados en el Censo Nacional Pesquero 2019 hoy enfrentan restricciones temporales y permanentes en zonas coincidentes con áreas de anclaje y tráfico intensificado.
La narrativa oficial insiste en calificar la afectación como “poco significativa”. Pero esa lectura ignora el peso agregado de dos megaproyectos convergentes sobre una bahía cerrada, donde el margen de desplazamiento para embarcaciones de 15 HP es prácticamente inexistente. La ausencia de modelación económica acumulativa convierte una advertencia ambiental en un riesgo social de alto impacto.
Ambos proyectos —la ampliación del Puerto de Manzanillo y la Terminal de GNL con su central eléctrica— cuentan con respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, tanto a través de su ventanilla pública (BOF) como mediante BID Invest en el componente privado. Esta condición, según Frank Valenzuela, impone un estándar superior de responsabilidad territorial que no puede limitarse a la mitigación ambiental formal.
Cuando se interviene una bahía cerrada con impactos acumulativos, deben garantizarse mecanismos de resarcimiento proporcionales y verificables para los sectores productivos y sociales afectados. No solo está en juego la pesca, sino el equilibrio ambiental, la conectividad marítima, la identidad costera y la sostenibilidad económica del municipio. Sin un fondo estructurado de compensación y reglas claras de reparación, el peso del desarrollo termina desplazándose injustamente hacia las comunidades locales.
Valenzuela sostuvo que los componentes ambiental, productivo, social, institucional, de identidad y conectividad territorial no pueden tratarse como variables aisladas dentro de estudios técnicos fragmentados. La transformación del espacio marino impacta simultáneamente la biodiversidad, los medios de vida, la cohesión comunitaria y la gobernanza local, generando una presión estructural sobre el tejido territorial. Si el financiamiento proviene de un organismo multilateral como el BID, los estándares de debida diligencia deben traducirse en garantías reales de protección y compensación. No basta con monitorear sedimentos o tráfico marítimo cuando el riesgo económico afecta una actividad que generó RD$421 millones en 2021. La ausencia de un mecanismo integral de resarcimiento revela una brecha que compromete la legitimidad social de ambos proyectos.
El debate ya no es técnico; es territorial. ¿Cómo se protege una economía que demostró su capacidad de generar millones anuales? Sin compensación directa, reconversión productiva estructurada o garantía jurídica de acceso permanente al mar, la expansión portuaria y energética podría sustituir una economía local por un enclave industrial desconectado de su comunidad.
La urgencia no es presentar más informes de monitoreo. Es crear un fondo de resarcimiento proporcional, con reglas claras y cobertura sectorial efectiva. De lo contrario, Manzanillo podría convertirse en el ejemplo más evidente de una paradoja nacional: una región que multiplica su infraestructura estratégica mientras deja extinguir, sin compensación, la actividad que durante generaciones sostuvo su tejido social costero.
