Dr. Luis Cruz
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Los embarazos en adolescentes constituyen un fenómeno que genera un gran impacto en la sociedad dominicana. Según la OPS, alrededor de un 22% de las mujeres entre 12 y 19 años han estado embarazadas. Esta cifra es un 34% más alta que el promedio para el resto de la región de Latinoamérica y el Caribe.
Las repercusiones de los embarazos tempranos afectan tanto en lo individual como a nivel de sociedad. Sus consecuencias no se limitan al ámbito de salud física, sino que también repercuten a nivel social, profesional y emocional. El embarazo adolescente se considera un embarazo de alto riesgo ya que conlleva un riesgo incrementado de complicaciones para la madre y para el bebé. Esto a su vez implica un mayor gasto médico y contribuye a la alta tasa de mortalidad materna en nuestro país.
Avances en el área
Sin duda alguna, los embarazos en adolescentes representan un tema con muchas aristas e implicaciones para nuestra sociedad, que amerita gran atención. La prohibición del matrimonio infantil en el 2021 constituyó un gran paso, largamente esperado, a favor de la causa. La creación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes (PPA) por parte del Gabinete de Niñez y Adolescencia en agosto del mismo año establece un marco de trabajo importante para el avance de iniciativas y la colaboración interinstitucional en este tema. Con los resultados de la evaluación de medio término del PPA en el 2024 tendremos datos importantes relativos al efecto de las medidas ya tomadas y los próximos pasos a seguir.
Largo camino por recorrer
El ataque de esta problemática requiere necesariamente de un abordaje intenso y multidisciplinario. Las propias jóvenes que han atravesado el trayecto de un embarazo temprano deben ser el centro de cualquier iniciativa, ya que constituyen la mejor fuente de información sobre las oportunidades de mejora en el tema. La comunicación constante y bidireccional con este sector afectado serviría para proveer directrices de trabajo en educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos y soporte para
el empoderamiento y toma de decisión de las jóvenes. Asimismo, los programas de atención integral para adolescentes han mostrado alrededor del mundo ser un recurso invaluable para la atención médica de este grupo de pacientes con necesidades específicas a su edad.
Rol del Ministerio Público
Además de los sectores típicamente implicados en esta problemática, el sistema penal también juega un rol importante. En lo que va del 2023, el Ministerio de Educación estima que un 12% de los embarazos en adolescentes son producto de violación sexual o incesto. La implementación de un robusto sistema de persecución y consecuencias para los perpetradores de violación sexual e incesto juega un rol importante en el abordaje de esta causa.
La disminución de la tasa de embarazo en adolescentes debe ser una prioridad nacional, compartida por todos los entes gubernamentales y de acción social. En la medida en que cada institución, dentro de su área de trabajo, posicione esto como una prioridad y desarrolle proyectos que contribuyan a la causa, podremos colectivamente lograr una reducción en los números.
