Francisco Guillén
A esta fecha, el país ha sobrepasado definitivamente la efervescencia de la etapa postelectoral. Ya la nueva gestión de gobierno ha iniciado su mandato y los funcionarios de cargos electivos ocupan sus respectivas posiciones.
De su parte, los principales partidos políticos opositores se encuentran inmersos en sus tareas de reestructuración. Un escenario como éste, a pocos meses de haberse celebrado elecciones en todos los niveles, resulta deseable para cualquier democracia en construcción, incluida la nuestra.
Pero esta realidad no llegó por azar del destino o accidentalmente, sino como consecuencia de una intensa –pero cuidadosa– labor de reconstrucción de la confianza pública que había quedado al quiebre tras el fallido evento electoral de febrero del año 2020, cuando se suspendieron las elecciones municipales por el funcionamiento defectuoso del sistema de voto automatizado. Y es que, justamente, la tarea principal del nuevo Pleno de la Junta Central Electoral, elegido a finales del año 2020, era recuperar la credibilidad del órgano de administración electoral frente a la sociedad dominicana. Y para comprobar si logró su cometido basta con recordar que, ante la prontitud en la publicación de los resultados, no se reprodujeron las habituales denuncias, objeciones o resistencias propias de nuestros sistemas.
Ahora bien, esta Junta Central Electoral encabezada por Román Jáquez, no se limitó en sus propósitos. Sino que, dentro de sus competencias, asumió desafíos adicionales que redimensionaron el papel del máximo órgano electoral. El Voto en Casa, las Mesas Auxiliares, el Voto con plantilla y la puesta en marcha del Voto Penitenciario, son algunas de las novedades impulsadas exitosamente para garantizar el derecho fundamental al sufragio a favor de miles de ciudadanos que se habían encontrado limitados en el ejercicio de este derecho.
Sin embargo, la decisión más atinada que tomó esta Junta Central Electoral –máxime para quienes son conscientes de la agonía que puede representar la espera de los resultados al cierre de los colegios electorales– ha sido la de diseñar y poner en ejecución el sistema EDET (“Equipos para la Digitalización, Escaneo y Transmisión” de los resultados). Su funcionamiento consiste en que, una vez contadas las boletas en cada nivel de elección, se digitalizan los votos obtenidos por cada partido y candidato, empleando esta aplicación informática que fue desarrollada internamente por la propia Junta Central Electoral.
De hecho, hay que reconocer que, para el órgano de administración de las elecciones, constituía un reto el lograr combinar el método tradicional de votación a “papel y lápiz” (demandado por una sociedad defraudada por el voto automatizado) con nuevas tecnologías que permitieran agilizar la entrega de resultados confiables. A fin de cuentas, no solo se logró la agilización, sino que, además, se corrigió exitosamente la situación de los descuadres electorales que rondaban el 30% de los colegios electorales históricamente.
En gran medida, los partidos políticos contribuyeron a la amplificación de la efectividad de los EDET, ya que, inicialmente, la JCE propuso que se instalara una solución informática por cada tres colegios electorales, pero los partidos y organizaciones políticas creyeron en esta solución y solicitaron que fuera llevada a la totalidad de los colegios electorales. Un acierto total.
Retomar estos temas adquiere vital importancia en estos momentos, tomando en cuenta que en la República Dominicana se ha abierto la discusión sobre diversas reformas estructurales. Y es que, algunas de ellas tocan directamente el sistema electoral, como se puede verificar en la propuesta de reforma constitucional, que procura unificar las elecciones, y en las propuestas de modificar o eliminar el Método D’Hondt. En todo caso, aun nos debemos una conversación reflexiva sobre las pasadas elecciones, tanto para consolidar los avances logrados como para abordar los desafíos futuros.
