Ciudad del Vaticano.- El Vaticano denunció este viernes “las injusticias” que sufren algunos pueblos indígenas por la minería tanto legal como ilegal durante el lanzamiento de una plataforma de Desinversión en la Industria Minera.
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Esta herramienta permitirá que congregaciones y bancos éticos identifiquen y retiren sus capitales de corporaciones responsables de desastres ambientales y de la persecución de defensores territoriales, explicaron durante la presentación de la iniciativa en la oficia de prensa del Vaticano.
“En muchas regiones del mundo, la expansión de la industria minera ha generado profundas tensiones sociales y graves impactos ambientales. Sabemos que los minerales son necesarios para numerosos aspectos de la vida contemporánea”, explicó el subsecretario del Dicasterio (ministerio vaticano) para el Desarrollo Humano Integral, el cardenal Fabio Baggio.
“Sin embargo -prosiguió-, también sabemos que demasiadas veces su extracción se ha realizado sin escuchar a las comunidades locales, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas y sin considerar los límites de los ecosistemas que sostienen la vida”.
Agregó que esta “Plataforma para la Desinversión en la Industria Minera que hoy se presenta quiere ser un signo concreto de esa conversión necesaria. No se trata simplemente de una decisión técnica o financiera. Se trata de un acto de coherencia con nuestra fe, con la defensa de la dignidad humana y con el compromiso por el cuidado de nuestra Casa Común”.
“Es importante escuchar las voces de las comunidades, que viven directamente los desafíos y los conflictos debido a la minería tanto legal como ilegal. No podemos permanecer en silencio frente a injusticias evidentes”, aseveró.
El grito de los “territorios martirizados”
El testimonio más crudo de la jornada lo protagonizó Yolanda Flores, líder del pueblo aymara en Perú.
Entre lágrimas y con la voz quebrada, Flores relató cómo la minería en las inmediaciones del lago Titicaca ha convertido el agua en una amenaza: “Una madre siente que, en vez de dar alimento a sus hijos, no sabe si los está envenenando”, lamentó.
Flores denunció que, mientras el Estado atribuye la salud de sus hijos a una mala nutrición, la realidad es la presencia de metales pesados en el agua.
“Yo misma quiero saber si tengo metales en la sangre”, afirmó antes de pedir a los obispos y párrocos que “no solo se dediquen al sacramento”, sino que acompañen las luchas territoriales frente a la entrega de tierras sin consulta previa.
Por su parte, el cardenal guatemalteco y obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, criticó la “complicidad” de los gobiernos que otorgan licencias de explotación a cambio de regalías irrisorias.
Citó como ejemplo negativo a la compañía Gold Corp en Guatemala, cuya actividad calificó de “legal pero injusta”, pues deja destrucción y cianuro en territorios habitados por la etnia mam.
Asfixia a la financiación abusiva
El padre Dario Bossi, coordinador de la red Iglesias y Minería, aportó cifras que sostienen la urgencia de la desinversión.
Según denunció, entre 2018 y 2022, años marcados por los desastres mineros de Mariana y Brumadinho en Brasil, las grandes extractivas en el país recibieron más de 54.000 millones de dólares en financiación internacional.
Desde el “Norte Global”, la religiosa Anneliese Herzig anunció un paso histórico de la Iglesia en Austria: la exclusión total de la inversión en oro físico de sus carteras.
Herzig explicó que, tras escuchar las voces del Sur Global, han comprendido que “cada nueva demanda de oro prolonga el sufrimiento de las personas afectadas”.
“Invertir dinero no es éticamente neutral”, sentenció la religiosa, quien subrayó que la credibilidad de la Iglesia depende de no beneficiarse de actividades contrarias a su doctrina social.
La plataforma presentada hoy funciona como un espacio de intercambio para que las organizaciones verifiquen sus códigos éticos y trasladen sus fondos a la banca ética para evitar financiar la destrucción de la “Casa Común”. EFE
