Doctor Víctor Garrido Peralta
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Imagine que compra un frasco de insulina rotulado con “100 unidades”. Paga el precio completo y, al llegar a casa, descubre que solo contiene 85. Reclama, pero nadie responde. El regulador impone una multa irrisoria al farmacéutico y, dos semanas después, el fraude continúa. Esto no es una hipótesis médica; es la experiencia diaria de millones de dominicanos frente al dispensador de combustible.
El fraude en las estaciones de servicio no es una percepción paranoica del consumidor: es un hecho documentado, medido y —lo más grave— tolerado por un sistema regulatorio que padece de una parálisis funcional.
Diagnóstico: un cáncer metastásico en el surtidor
En medicina, hablamos de metástasis cuando la enfermedad invade el organismo ante la inoperancia del tratamiento. Extirpar un tumor no cura al paciente si la enfermedad ya se diseminó.
Eso es exactamente el fraude en combustibles en República Dominicana: una patología sistémica que ha colonizado el mercado minorista.
En 2025, la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC) denunció dos prácticas constantes: menos cantidad despachada y octanaje inferior al cobrado. El testimonio cotidiano de choferes y motoconchistas confirma lo que las actas prueban: el tanque rinde menos, el motor sufre más y el dinero alcanza para menos kilómetros.
Entre 2021 y 2022, inspecciones de ProConsumidor y el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) revelaron irregularidades graves en el 37% de las actas levantadas.
No se trata de fallas técnicas; es voluntad de dolo. Mangueras descalibradas, medidores manipulados y, lo más cínico: estaciones clausuradas que seguían operando a la vista de todos. Si extrapolamos ese 37% al universo de 1,300 estaciones del país, estaríamos ante casi 480 puntos de venta que nos están robando en este preciso instante.
La biopsia de la calidad: el fraude invisible
El fraude atraviesa todas las marcas. Cuando nadie queda fuera de sospecha, el problema no es empresarial: es institucional.
Inspecciones de calidad realizadas entre 2022 y 2023 revelaron que el robo no es solo volumétrico (cantidad), es también cualitativo (calidad). Las pruebas son demoledoras: solo el 44% de la gasolina premium en el mercado cumple con el octanaje mínimo exigido (95 RON).
Es decir, el 56% de la “premium” no lo es. Se paga caro por un producto inferior. Esto significa que más de la mitad de lo que pagamos como “premium” es, en realidad, gasolina regular vendida a precio de lujo.
La Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM) exige que la premium sea incolora; sin embargo, el 96% presenta un color amarillento, señal inequívoca de mezcla, contaminación o adulteración. No es un detalle técnico: es evidencia. El mensaje para el consumidor es aterrador: usted paga por salud para su motor y recibe un placebo contaminado que termina en una costosa factura del mecánico.
La gasolina regular, paradójicamente, cumple en un 94%. El patrón es claro: Regular de buena calidad vendida como premium. La diferencia de precio se embolsa. El daño lo paga el consumidor.
La ecuación de la impunidad: RD$4,800 millones al año
Lo más grave no es que el fraude exista, sino que continúe incluso tras ser sancionado. Hay estaciones clausuradas que operan semanas después como si nada. ¿Por qué el fraude persiste? Porque en República Dominicana, delinquir es rentable.
Las multas actuales, que oscilan entre RD$50,000 y RD$2.5 millones, son apenas un “costo operativo” para el infractor; no disuaden. Con ventas promedio de 24,000 galones mensuales, un robo de apenas 3% genera más de RD$200,000 al mes por manguera. La multa se “amortiza” en semanas. El fraude paga.
Un cálculo conservador indica que el fraude de cantidad y calidad le arrebata al pueblo dominicano aproximadamente RD$4,800 millones anuales. Ese dinero podría financiar escuelas, becas, centros de salud. En cambio, se evapora en cada tanque.
Sistema inmune colapsado
Con 35 inspecciones anuales promedio para 1,300 estaciones, una bomba puede esperar ser supervisada cada 37 años. No hay clausura definitiva. No hay sanción penal. No hay consecuencias existenciales. El sistema inmune institucional no responde. Ha colapsado; el regulador es hoy un espectador de piedra ante un asalto masivo.
Tratamiento eficaz: cirugía radical
No se cura un cáncer que ha dado metástasis con paños tibios. La solución no es técnica, es política y moral. Se requiere intervención quirúrgica inmediata:
- Marcación molecular obligatoria de todos los combustibles.
- Implementar trazabilidad digital obligatoria desde la importación hasta la manguera.
- Inspecciones sorpresa mensuales. Pasar de la vigilancia pasiva a operativos aleatorios en el 100% de las estaciones.
- Multas proporcionales a las ventas (200% o más).
- La regla de los tres strikes: clausura definitiva y pérdida de la licencia ante la reincidencia.
- Tipificación penal del fraude reiterado, debe dejar de ser una falta administrativa para convertirse en un delito con cárcel.
- Transparencia total: mapa público y en tiempo real de infractores. El ciudadano debe saber quién le roba para ejercer el poder del boicot.
- Vigilancia ciudadana con herramientas tecnológicas.
Chile, Colombia, México y Costa Rica ya lo hicieron. Funciona cuando hay voluntad política.
Llamado final
Exijo al Estado tratar el fraude en combustibles como lo que es: un asalto masivo y silencioso.
Demando leyes que castiguen, reguladores que actúen y justicia que procese.
Al ciudadano le digo: denuncie, exija, boicotee.
A los medios: investiguen y expongan.
A los empresarios honestos: desmárquense o serán cómplices.
Conclusión
El tanque vacío es la prueba de una ética estatal que se ha quedado sin combustible. Cuando te roban en cada galón, no es un error de calibración; es un delito de cuello blanco. El pueblo dominicano merece pagar por lo que recibe y, cuando eso no ocurre, el silencio también roba.
El tanque vacío es la prueba.
El robo silencioso debe terminar.
Es hora de actuar. Ya.
