El informe sobre corrupción de los EE.UU.

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Por Miguel Ángel Martínez

NUEVA YORK. -Estados Unidos dio a conocer recientemente su informe anual sobre el comportamiento de los derechos humanos y la corrupción en América Latina y el Caribe.

Dicho informe, basado en el desenvolvimiento de esos parámetros en los últimos meses, incluye a la República Dominicana como uno de los países donde la corrupción asume niveles alarmantes que limitan el ejercicio de la democracia y la inversión privada.

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Como es natural, en nuestro país se produjo un “avispero” político, dada la rotundidad de la evaluación que hizo el departamento de Estado de los Estados Unidos.

Hay que destacar que el referido escrutinio no precisa los periodos en que fueron evaluados dichos renglones, con lo cual se dificulta un poco las perspectivas de las gobernanzas que pudieran ser afectadas al ser compromisarias de sus graves consecuencias públicas y privadas.

De hecho, los enfoques se dirigen principalmente, a los gobiernos del expresidente Danilo Medina, muchos de cuyos funcionarios hoy se hallan sometidos a la justicia por incurrir en prácticas de corrupción lesivas a los intereses del Estado dominicano.

  CORRUPCIÓN vs DEMOCRACIA

Lo corrupción económica en América Latina y el Caribe, ha sido hasta nuestros días un modos vivendi de las clases políticas dominantes, afectando notoriamente la legitimidad democrática y creando un clima de recelo que impide la adecuación de un marco óptimo para la inversión privada y sus correspondientes fiscalidades tributarias.

Las garantías económicas se diluyen perdiendo nuestros países fuentes de inversiones necesarias para el desarrollo sectorizado de las economías nacionales.

Pero, además, la corrupción permea los tejidos institucionales de una “democracia” que acusa debilidades congénitas en gran parte de los países de la región latinoamericana.

Corrupción e ilegitimidad política son factores correspondientes en que se basamentan muchos de los sistemas institucionales de América Latina, propiciando la desacumulación de recursos vitales, y el enriquecimiento de oscuros sectores o clanes sociales y políticos que gravitan alrededor de los Estados nacionales.

Son capitales internos que se pierden en las “autopistas” muchas veces visibles de la corrupción económica y política, y que escapan a una lógica redistributiva del Estado en favor del desarrollo y los presupuestos sociales de los países.

Se puede afirmar, sin equívocos, que la corrupción en nuestras naciones va de la mano de la descapitalización interna del Estado y la pobreza crónica que viven las grandes mayorías nacionales, generalmente en un escenario de ilegitimidad política y conflictividades institucionales.

EL INFORME DE EE.UU Y LA REPÚBLICA DOMINICANA

En las últimas dos décadas la corrupción en la República Dominicana han sido fuentes de graves desequilibrios estructurales, al permitir que sectores gubernamentales se enriquezcan escandalosamente al amparo de un sistema de lenidad jurídica y política.

Los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina crearon el marco adecuado para que la corrupción creciera a niveles nunca visto en la República Dominicana.

Y lo hicieron corrompiendo en esa misma dirección, a la justicia y a las instituciones que podrían servir de contrapeso para sancionar sus escalamientos públicos.

Ambos exmandatarios desestructuraron el marco legal de un país, con el fin de agenciarse contubernios ilegítimos, y subordinar las Altas Cortes y el Ministerio Público a los fines de garantizarse potenciales inculpaciones legales.

Hoy muchos de los funcionarios de esos regímenes (en especial, el de Danilo Medina), se encuentran en los tribunales acusados de insólitos casos de corrupción administrativa.

 Han sido procesos muy sinuosos por las características de los imputados y sus vínculos con altos estamentos militares, políticos y sociales.

El Presidente Luis Abinader se ha empecinado en redireccionar los “baches”    y los “entuertos” que se crearon en las administraciones peledeístas del pasado reciente, en el marco de una justicia deficiente e inoperante para sancionar debidamente una corrupción que fue parte existencial de los sistemas políticos de los expresidentes Fernández y Medina.

  En la actualidad, el panorama es completamente diferente. Hay mayor confiabilidad en un Ministerio Público independiente, y en la vocación del Presidente Abinader de garantizar un clima de adecentamiento jurídico y administrativo en el país.

Sobre todo, cuando pequeños rebrotes de corrupción gubernamental han tenido una respuesta digna de parte de las nuevas autoridades, siendo esos casos visibilizados y traducidos inmediatamente a la justicia.

Es por ello que el informe de los Estados Unidos tiene una referencia particular a hechos acaecidos en las pasadas administraciones peledeístas, y cuyos enfoques tienen una pertinencia futura de que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, tiene en la mira a aquellos regímenes donde la corrupción se ha convertido en el mayor desafío para las democracias occidentales, pero también para sus economías emergentes.