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Santo Domingo

El Episcopado: la honestidad y la justicia

Luis González Fabra

La Conferencia del Episcopado en su carta pastoral con motivo de la conmemoración de la independencia de nuestro país hace énfasis en la justicia y la honestidad.  Estos son dos valores fundamentales que se relacionan estrechamente y son esenciales para una sociedad justa y equitativa.

La honestidad implica ser sincero y transparente en nuestras acciones y palabras y actuar con integridad y verdad en todo momento.

En el contexto de la justicia, la honestidad se traduce en decir la verdad en los procesos judiciales, evitar la corrupción y el soborno. Y respetar los derechos de lo demás. Se agrega a esto la aplicación de leyes y normas de manera imparcial, asegurando que toda persona sea tratada de manera ajusta y reciba las mismas oportunidades y protección ante la ley.

Estos son valores fundamentales para crear una sociedad justa y equitativa en la que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos y se promueva el bienestar común.

¿Y cuáles son las motivaciones que primaron en el ánimo de los obispos para resaltar en esa carta pastoral estos valores fundamentales y esenciales en una democracia?

En cuanto a nuestro sistema de justicia es innegable que hemos avanzado mucho en los últimos tiempos y de manera muy especial a partir de la decisión del presidente Luis Abinader de establecer la independencia del Ministerio Publico y poner al frente del mismo a una profesional de gran experiencia judicial y sin afiliación política partidaria.

Pero todavía los procesos judiciales son costosos y en muchos casos no son accesible a los más pobres que como indica la pastoral de los obispos “se ven obligados a cumplir condenas más largas por razones económicas”.

Los obispos también se refieren a que “el sistema judicial tenga personal suficiente”. Y no hay desperdicio en esa apreciación. Es bien conocida la falta de fiscales. La última convocatoria a concurso para fiscales ocurrió en el 2020 y fue cancelado al descubrir las autoridades irregularidades en la convocatoria. En el Distrito Nacional se estima que por lo menos 37 fiscales adicionales son necesarios para enfrentar el cumulo de trabajo. También hacen falta jueces y sacar de la judicatura a muchos que son políticos que llegaron por esa vio a los puestos que ostentan.

En cuanto a la honestidad, indicada por los prelados en su documento, va ligada a la corrupción. En nuestro caso el jefe del Estado ha sido desde el inicio de su mandato un abanderado de la lucha contra la corrupción. En los gobiernos esta lucha es un proceso complicado y largo, pero necesario para garantizar la buena gobernanza y el bienestar de la sociedad.

La lucha contra la corrupción no solo implica medidas punitivas para los corruptos, sino también cambios sistémicos para abordar las causas subyacentes de la corrupción.

Unas de las medidas más importantes para luchar contra la corrupción en los gobiernos es la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia se refiere a que las decisiones gubernamentales, así como los procesos, sean abiertos y accesibles al público. Por su lado la rendición de cuenta implica que los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones y decisiones.

Para lograr transparencia y rendición de cuentas es importante establecer sistemas de control interno y externo.

Estos sistemas junto a la independencia de la justicia constituyen un trípode esencial para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y efectiva.

El presidente Abinader, que ha demostrado ser un funcionario público que cree en la transparencia y la rendición de cuentas, ha expresado con claridad meridiana que “ningún proceso electoral disminuirá el plan de lucha que tenemos contra la corrupción”. Y esto en boca del presidente tiene un gran valor visto que sus compromisos, en cuanto a este tema, los ha venido cumpliendo con rectitud e indudable decisión de disminuir al mínimo los males ocasionados por la ambición desmedida de quienes se aventuran a hacer mal uso de los recursos públicos puestos bajo su custodia.

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