San José. La periodista nicaragüense Jennifer Ortiz se preparaba para celebrar su cumpleaños en Costa Rica, donde se exilió por temor a ser encarcelada por el Gobierno que preside Daniel Ortega, cuando recibió la noticia que frustró sus planes: era una de las 94 personas a las que las autoridades de Nicaragua habían despojado de su nacionalidad.
“El año pasado Ortega me arrebató el festejo de mi cumple cuando me desnacionalizó”, recordó Ortiz (1986), una de los 22 comunicadores nicaragüenses críticos con el Gobierno sandinista que fueron declarados traidores a la patria, prófugos de la justicia, apátridas y privados de sus bienes hace un año, dentro de ese grupo de 94.
Sus 38 años los celebra este jueves, dice en su cuenta de la red social X, consciente de que estar en la lista de enemigos del régimen de Nicaragua es un halago.
“Lo que no quiero jamás es estar del lado de sus compiches y aduladores”, sentencia Ortiz, que dirige la plataforma Nicaragua Investiga, y que espera volver a celebrar muchos cumpleaños en su país natal, donde, por ahora, no se le es permitido.
El impacto emocional
El jurista nicaragüense desnacionalizado Uriel Pineda, experto en derechos humanos, explicó al diario La Prensa que el despojo de la nacionalidad influye en el factor humano y político.
En su caso, tras procesar la noticia en el exilio, se dio cuenta de que no podía regresar a Nicaragua, que no iba a poder ver a todos sus familiares, ni regresar al lugar donde uno tiene sentido de pertenencia.
“Eso me afectó emocionalmente”, confiesa el jurista, quien también advierte que muchos nicaragüenses con pasaporte vencido o por vencerse quedaron en el limbo migratorio.
Pineda fue más allá y dice que el despojo de la nacionalidad, que es una violación a los derechos humanos, ha tenido una crueldad con las personas de la tercera edad, quienes, dijo, se han visto más afectados, “porque toca empezar de cero” en otro país, consciente que perdieron el patrimonio de toda su vida, y verse ahora en medio de un sinnúmero de requisitos migratorios para legalizarse en donde se encuentren.
El golpe emocional también lo sufre la familia en Nicaragua, agrega la activista Haydeé Castillo, otra de las desnacionalizadas y a quien borraron su nombre del registro civil de las personas, es decir, le declararon una muerte civil.
“Legalmente tenés serios problemas, no podés moverte, no podés hacer gestiones. Es como que no existís y tus hijos se quedan sin padres, sin esposo o esposa. Es una serie de impactos y ni digamos de capital económico que tanto nos ha costado y que la dictadura te la quita”, señala.
Los privaron de su nacionalidad, bienes y pensiones
El periodista Carlos Fernando Chamorro, otro de los afectados, hace un recuento en X de lo que ha significado ser declarado apátrida.
“Los “desnacionalizados” fuimos, además, confiscados de todos nuestros bienes y pensiones del seguro social”, menciona Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset, y que dirige la plataforma Confidencial y el programa en línea Esta Semana.
“La dictadura de Nicaragua me quitó la nacionalidad, me decretó muerte civil y fui borrado del registro civil”, dice, por su lado, el exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, que se rebeló contra el Gobierno nicaragüense.
En un comunicado conjunto, 46 de esos 94 nicaragüenses desnacionalizados reconocieron que las medidas dictadas provocaron trastornos en sus vidas, “de por sí ya quebrantadas por la persecución, el encarcelamiento y el exilio”.
“También han provocado sufrimiento en nuestras familias. Pero hemos afrontado las adversidades con dignidad y sin doblar las rodillas. Y aquí estamos, con nuestra moral y nuestro compromiso intactos”, destacaron en el escrito, en el que también agradecieron al Gobierno de España por conceder la nacionalidad a más de cien nicaragüenses, de un total de 317 que han sido declarados apátridas.
Pese al calvario que les ha tocado sufrir, los desnacionalizados sostienen que se sienten más de Nicaragua que nunca y consideran que Ortega ha fracasado porque no los ha doblegado.
Entre los privados de su nacionalidad hace un año se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el excomandante de la revolución Luis Carrión, la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, o el excanciller Norman Caldera, entre otros. EFE
