El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, interpuso formal recusación contra los magistrados Keyla Pérez Santana, Elías Santini Pereyra y Arisleyda Méndez Bautista, integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Denuncian que este Tribunal fue designado de forma directa y sin pasar por un proceso de selección aleatoria, para conocer el juicio de fondo contra el ex procurador General.
La recusación fue acompañada con más de 20 pruebas sobre faltas graves que comprometen la independencia del proceso judicial y ordena un inmediato cambio de Tribunal, lo que será decidido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional en los próximos días.
Indicaron que los jueces, en franca violación a la norma, mientras se les planteaban los motivos de la recusación, impidieron la oralidad y de forma abrupta solicitaron que les fuera depositada por escrito y suspendieron la audiencia, siendo esta una causal adicional que demuestra la arbitrariedad de este Tribunal y jueces, señalaron los abogados.
La defensa de Jean Alain Rodríguez, precisó que entre los principales motivos de la recusación, se destaca el sesgo evidente de la magistrada Pérez Santana, al condicionar decisiones judiciales al nivel de colaboración de los imputados con la Procuraduría, violando los principios de imparcialidad y justicia consagrados en el Código Procesal Penal.
“Esto fue evidenciado presentando como pruebas la resolución N° 941-2024-SRES-00095 en la cual la Jueza Keyla Santana justificó la negativa de suspensión de un arresto domiciliario a un imputado, porque este no estaba colaborando con el Ministerio Público, a diferencia de otro que si colaboraba” refirió, a través de una nota de prensa.
Asimismo, indicaron que se probó la manipulación dolosa de actas de audiencias para encubrir errores procesales de convocatoria realizados en días feriados y culpar injustamente a los imputados de retrasar el proceso, evidenciando una “preocupante” parcialidad y carencia de ética que fue probada con el audio de una audiencia del 11 de octubre del 2024, en el cual aseguran, que se escucha de manera clara, que los jueces convocaron a las partes para el día 4 de noviembre siendo ese un día feriado, mientras en las transcripciones de las audiencias falsearon la realidad, redactando como si hubieran convocado para el día 5 de noviembre, con la gravedad de que en la Resolución No. 00095, atribuyen el retraso del proceso a las defensas y no a su error.
Precisaron, que de igual manera, los jueces recusados han restringido de forma arbitraria el acceso de la prensa a las audiencias públicas, contraviniendo el derecho constitucional a un juicio público, y sin ninguna de las partes solicitarlo, expulsaron del salón a los miembros de la prensa y les prohibieron cámaras, grabadoras, en franca violación a los artículos 69.4 y 3 del Código Procesal Penal, acción que según explicaron, también justifica un cambio de tribunal, hacia otra instancia de mayor transparencia.
Precisaron por igual, que se demostró la irrupción de estos magistrados en una audiencia cerrada ajena “asumiendo la posición de presuntas víctimas de espionaje dando credibilidad a una teoría de la Procuraduría, todo por el hecho de haber encontrado en una residencia familiar durante un allanamiento un papel en blanco con el nombre de los jueces, siendo el abogado de ese imputado el firmante Dr. Carlos Balcácer, también abogado del ciudadano Jean Alain Rodríguez” deploraron.
Indicaron, que ante las graves acciones cometidas por el referido Tribunal, el firmante abogado se querelló contra estos tres jueces ante el Colegio Dominicano de Abogados y la Inspectoría del Poder Judicial por violación a la ley No.3 del 2019, debido al abandono de sus funciones para asumir una actitud retaliatoria, intimidatoria y violadora de la reserva a puertas cerradas de una audiencia, lo que reiteraron obliga a estos jueces a inhibirse en este caso y que sea designado otro Tribunal no contaminado con litigios pendientes de solución.
“Queremos dejar claro que este proceso judicial debe iniciar, pues nuestro representado lleva casi cuatro años arbitrariamente privado de libertad, sin ninguna justificación, pero debe ser conducido por jueces imparciales y objetivos. Este reclamo, no solo busca justicia para los implicados, sino también proteger la confianza pública en la integridad del sistema judicial dominicano” señaló el doctor Carlos Balcácer y los licenciados Gustavo Biaggi y Nelys Rivas.
