Alberto Quezada
La realización de debates electorales entre los diferentes candidatos a puestos electivos (desde candidatos presidenciales hasta diputados, senadores y alcaldes), no dejan de ser una dinámica importante en el actual contexto democrático que vivimos.
Esa actividad permite de manera resumida y en poco tiempo, conocer las ideas políticas de los candidatos, cuál es la visión que tienen sobre el mundo y la sociedad en la que se desenvuelven y desarrollan sus actividades políticas.
Pero quizás lo más importante, presentar de manera clara, directa y puntual, cuales son los planes, estrategias, tácticas y proyectos, que tienen elaborados para enfrentar, mitigar o hacer desaparecer los grandes problemas nacionales que frenan el desarrollo.
Al margen de esas consideraciones y ponderaciones hay un elemento que los actores y protagonistas de esa iniciativa no han podido lograr o por lo menos viabilizar, y es hacer posible que toda esa literatura expuesta en esas presentaciones sobre lo que sería su programa de gobierno presidencial, municipal o agenda legislativa, se lograrán materializar mediante algún mecanismo legal.
Esto lo decimos, porque vemos a muchos candidatos a presidentes, senadores, diputados y alcaldes fundamentalmente, más fascinado por el figureo, el escucharse asimismo y salir en los medios de comunicación, que verdaderamente concebir y presentar una oferta de gobierno realizable y razonable para el periodo de tiempo estipulado de resultar triunfadores.
Hay mucha demagogia, mentiras y enunciados esbozado en esos diálogos interactivos denominados debates, se percibe más un afán de figureo y notoriedad, que verdaderamente, presentar ideas realizables y creíbles.
Quiero dejar claro, porque se en el país que estamos viviendo, que no somos opuestos a los debates entre los distintos candidatos a posiciones electivas, jamás, ante al contrario lo veo como una herramienta indispensable para lograr construir de una vez y por todas, una verdadera cultura del debate en esta clase política tan amante de lo simple y anárquico.
Debe buscarse, sin más demora, una manera de lograr paralelamente con la realización de estos encuentros la elaboración de un marco legal que permita comprometer a los que resulten elegidos por electorado cumplir por lo menos en 80 o 90 por ciento. Si no se logra eso, entendemos que ese esfuerzo realizado no es más que una maravillosa manera de perder el tiempo.
