Por Mario Rivadulla

Ahora que estamos casi abocados a las elecciones municipales, obviados o en vías de allanar últimos obstáculos y satisfechos requerimientos de los distintos partidos, incluyendo la auditoría del sistema y equipos que permitan el uso confiable del sufragio automatizado,  la compra-venta del voto se ha convertido en tema central de preocupación como elemento que pudiera alterar la transparencia del proceso.

Práctica habitual usada por candidatos y activistas con el conocimiento y complacencia cuando no la tolerancia de las agrupaciones tanto de gobierno como de oposición, Participación Ciudadana ha llamado la atención sobre el elevado porcentaje ocurrido y que sus observadores pudieron apreciar durante las pasadas Primarias.

Es una forma de envilecer el ejercicio del sufragio, llevada a cabo de manera inescrupulosa por los compradores de votos en un mercado  donde se entremezclan la pobreza material y la falta de conciencia cívica de quien se presta a venderlo, y que sobre todo en una elección reñida y de resultado incierto pudiera inclinar la balanza a favor del candidato con menor arraigo pero mayor disponibilidad de recursos.

Precisamente durante la celebración de la tradicional festividad de La Altagracia, el tema ocupó espacio importante dentro de la homilía del obispo monseñor Gregorio Nicanor Peña, desde el púlpito de la Basílica de Higüey, donde como cada año el público desbordó la capacidad del templo.

Al exhortar a los ciudadanos a votar a conciencia por los candidatos que exhiban una hoja de vida limpia, el alto dignatario eclesiástico dirigió una cálida y admonitoria exhortación contra el mercantilismo electoral. “Que a ningún dominicano se le ocurra vender su voto mucho menos haya uno que se atreva a proponerle negocio para comprarlo”.

Paradójicamente han sido los propios partidos políticos los que rasgándose las vestiduras han estado reclamando de la Junta Central Electoral poner freno a tan nociva práctica, de la que si no todos una buena parte ha hecho uso y abuso, al tiempo de reclamar el nombramiento de un Procurador especializado para perseguir los delitos electorales. La compraventa de votos lo es en grado sumo.  Y como tal debe ser penalizado de forma ejemplar.

Pero no es la Junta la responsable del problema.   Es del seno de los propios partidos que ha surgido, se ha practicado, impulsado, tolerado y aprovechado esta práctica ilegal, inmoral y atentatoria contra la transparencia del proceso, que lo contamina, distorsiona y debilita la confianza en el ejercicio democrático del sufragio.  Y es, por consiguiente, a los que toca establecer normas disciplinarias estrictas para sancionar y someter a la justicia a sus candidatos y activistas que incurran en la misma.

Dado que sobre el tapete está la propuesta de que los partidos y sus principales líderes y candidatos a la Presidencia firmen un pacto para desarrollar una campaña en términos civilizados que no alteren la paz ni el ritmo institucional, debiera incluirse en el mismo el firme compromiso de condenar y contribuir a erradicar el nocivo comercio de la compraventa del voto.

Esto así en tanto los ciudadanos no seamos remisos a denunciar los casos de los que seamos testigos,  la autoridad fiscal se muestre celosa en perseguir este delito y a los jueces apoderados de los expedientes de los infractores  no les tiemble el pulso al momento de sancionarlos con el debido rigor.

Por la pureza del sufragio todos debemos hacer causa común contra la compra venta del voto.