Darielys Qeuzada
Con la entrevista 113, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó ayer las evaluaciones de los aspirantes a jueces en las cinco vacantes disponibles en el Tribunal Constitucional (TC).
Durante dos semanas, el CNM entrevistó a 113 postulantes a jueces del Tribunal Constitucional. Las evaluaciones iniciaron el lunes 27 de noviembre con un primer grupo de 16. Le siguieron los días 29 de noviembre con 21; el viernes 1 de diciembre con 21 más; el lunes 4 de diciembre con 21; el miércoles 6 de diciembre con 19 y ayer jueves 7 de diciembre con los 20 últimos. Inicialmente, el CNM tenía previsto evaluar a 115, pero el pasado jueves dos personas declinaron sus aspiraciones.
Al concluir las vistas públicas, el jefe de Estado, Luis Abinader, que también preside el Consejo Nacional de Magistratura, sostuvo que “cada etapa de este proceso ha permitido apreciar la vasta experiencia, la ética y el conocimiento jurídico de los participantes”.
Sostuvo que, independientemente de los resultados de la selección, cada uno de los aspirantes ha contribuido significativamente al fortalecimiento del sistema judicial.
Como estipula el reglamento, ahora procede que los consejeros estarán realizando sesiones de deliberación y votación para la escogencia de los cinco nuevos miembros del órgano supremo de la República Dominicana, que deberán ocupar el puesto a más tardar el 28 de diciembre de este año.
El presidente Abinader explicó que cuando termine el proceso de deliberación, serán convocados los medios de comunicación y las partes y se informarán los nombres de los seleccionados y la fecha de su juramentación.
Durante la primera tanda de evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC) se debatieron importantes temas como las garantías constitucionales, las condiciones carcelarias del país y la corrupción.
Entre los evaluados de ayer figura Pedro Antonio Sánchez Rivera, juez presidente de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a quien le tocó hablar sobre las garantías constitucionales.
Sánchez Rivera fue preguntado, de manera inicial, por el presidente del Senado de la República y miembro del CNM, Ricardo de los Santos, sobre cuál era la diferencia entre derechos fundamentales y garantías institucionales y si era posible dar un ejemplo de ambas.
“Las garantías institucionales y los derechos fundamentales están establecidos en la Constitución. Esos derechos fundamentales son los que sirven para asegurar el desarrollo de la persona. También para el establecimiento de lo que le corresponde exigir cuando hay una violación a la norma. Es lo que le da legitimación al Estado, el hecho de respetar esas garantías constitucionales”, respondió el aspirante.
Durante su intervención, este manifestó su deseo de formar parte del Tribunal Constitucional por considerar que tiene los méritos y la vocación para servir a Dios y a la Patria.
Sostuvo que ser juez es un privilegio y un honor en este momento que la sociedad aspira una justicia imparcial, transparente y oportuna a la que accede con la seguridad de que el Tribunal Constitucional es garante de la Constitución, la ley y del debido proceso. “Pero también uno de los mayores compromisos: juzgar a otros siendo nosotros los juzgadores imperfectos, por eso clamo al Altísimo conceda a los jueces y a mí mismo sabiduría, prudencia, discernimiento y humildad”, indicó.
Pilar Antonia Rufino Díaz
En la sexta y última jornada también fue evaluada la jueza de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Pilar Antonia Rufino Díaz. A esta le tocó hablar sobre el tema de la corrupción luego de que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, le planteara una pregunta crucial sobre la aplicación de la teoría del derecho penal del enemigo en casos de este tipo.
Rufino Díaz expresó su posición, considerando que esta teoría es demasiado invasiva en los derechos individuales y enfatizó la importancia de un proceso debido en los casos de corrupción, desde la amenaza de persecución hasta una sentencia justa.
“Esto es una teoría demasiado invasiva en cuanto a los derechos de las personas se refiere. Hablamos de derecho penal del enemigo cuando el estado lo aplica y esto sucede cuando la persona infringe de tal manera la norma. En cuanto a los casos de corrupción, entiendo que en nuestra condición de juzgadora, todo caso debe llevar un proceso debido, desde que existe la amenaza de persecución, hasta una sentencia y que la misma sea justa”, dijo.
Además de abordar este tema, Rufino Díaz habló sobre la naturaleza del precedente constitucional y su diferencia con la jurisprudencia al ser preguntada sobre el particular por el senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez. Rufino Díaz explicó con claridad que el precedente constitucional se refiere a los fundamentos dados por el Tribunal Constitucional para resolver una acción constitucional, mientras que la jurisprudencia abarca las decisiones de todo el Poder Judicial, incluidos jueces y juezas de distintas instancias.
“Hablamos de precedente constitucional cuando el Tribunal Constitucional ha dado los fundamentos para irse por la resolución de una acción constitucional que se ha presentado. A todas esas motivaciones que van a dar con la parte dispositiva se les llama precedente constitucional. Cuando hablamos de jurisprudencia pensamos en todo el orden del Poder Judicial. En todos los jueces y juezas que cuando dan sus decisiones aun no fueran definitivas, son parte de su jurisprudencia. También hablamos de jurisprudencia cuando vemos las decisiones que emite la Suprema Corte de Justicia”, respondió.
Una evaluación que avivó las entrevistas de ayer, fue cuando el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos Félix, lanzó duras críticas a las condiciones carcelarias del país. El postulante fue duro cuando en su intervención manifestó que, durante su tiempo en el área, nunca ha visto una decisión en la que se establezca que un privado de libertad deba dormir en el suelo, al lado de una letrina o encima de la orina.
Cándido Simón Polanco
Otro que pasó por el escrutinio de los miembros del CNM fue el jurista Cándido Simón Polanco, quien durante su intervención hizo algunas propuestas, entre las que se encuentra la promoción de un proyecto de ley para que se reduzcan los plazos en el Tribunal Constitucional para decidir los asuntos que trate. “Porque tratándose de asuntos de alta trascendencia, pienso que el mecanismo de acceso al TC es muy lento y eso se resuelve reduciendo los plazos y que se dé la función del Congreso y que por la vía correspondiente se pueda impulsar un proyecto de ley en ese sentido”, dijo.
Otra propuesta de este fue hacer modificaciones para que el TC tenga otras funciones. “Pienso también que tanto la Constitución como la ley orgánica del TC y los procedimientos constitucionales abren la posibilidad de que el TC tenga otras funciones. Una de ellas es que debe incorporarse una modificación a la Ley 137-11 a fin de que el TC tenga funciones de control de legalidad de los proyectos de ley que tengan que ver con derechos fundamentales y garantías”, expresó el abogado.
Otros entrevistados en la jornada de la mañana fueron Eduardo José Sánchez Ortiz, Pedro Antonio Sánchez Rivera, Ibis Xiomara Santiago Ferreiras, Enelia Santos de los Santos, Rodolfo Valentín Santos Félix, Yildalina Noemí Tatem Brache, Carlos Eduardo Tavárez Guerrero y Henry Rafael Tejera Díaz.
Félix María Tena de Sosa
Con una pregunta del diputado y miembro del CNM, Víctor Fadul, sobre cuáles serían los atributos que marcan la idoneidad de un juez constitucional a la hora de su elección, Félix María Tena de Sosa respondió que para el perfil de los miembros de las altas cortes se deben considerar cinco elementos, tres de manera individual y dos de manera colectiva.
Dijo que, en primer lugar, de manera individual se necesita que sean personas honorables; segundo, ciudadanos de reconocido prestigio; y tercero, “necesita tener capacidad de ecuanimidad, de negociación y de llegar a entendimientos y puntos de consensos para poder tomar decisiones razonables”.
De manera plural, sostuvo que necesitan dos cuestiones básicas, primero tiene que haber pluralidad ideológica en la composición del tribunal; y segundo, debe existir diversidad de género.
Igualmente, pasó por el CNM Héctor Ramón Vargas Gómez, quien con seguridad afirmó, durante su evaluación, que las huelgas que atentan contra el orden público, contra la defensa nacional y contra los servicios públicos son ilegales, de acuerdo con el Artículo 406 del Código del Trabajo.
Habla sobre importancia de la cámara Gesell
Sarah Altagracia Veras Almánzar tuvo la oportunidad de hablar sobre la importancia de la cámara Gesell en los procesos judiciales, sobre todo cuando involucra a personas en condiciones de vulnerabilidad. Explicó que con este sistema de entrevistas lo que se evita es una confrontación y que aquella mujer, por ejemplo, no sea expuesta a revivir en todos los estadios del proceso una declaración que le duele y afecta desde el punto de vista psicológico frente a su agresor. Otros entrevistados en la jornada de la tarde fueron José María Vásquez Montero, Rosemary Elizabeth Altagracia Veras, Dulce Josefina Victoria Yeb y Diomede Ydelfo Villalona Guerrero.
Debate sobre la Ley de Extinción de Dominio
De su lado, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet reconoció en uno de sus temas durante su presentación, la labor del Congreso Nacional al producir una Ley de Extinción de Dominio, garantista.
“¿Por qué? Primero porque establece el contrapeso. La solicitud de extinción se solicita a través del Ministerio Público, pero es el Poder Judicial, a través de los tribunales colegiados, quienes tendrán en su cargo la labor de decidir si procede o no la extinción”, indicó.
Al postulante José Miguel Vásquez García solo se le hizo una pregunta. El presidente del Senado y miembro del CNM, Ricardo de los Santos, le preguntó cuál es la diferencia entre la competencia contenciosa, administrativa y electoral.
“La competencia administrativa, está supeditada a operar entre el Estado y particulares y entre el Estado y las propias instituciones interinstitucionales o del Estado; la electoral dirige asuntos electorales y de asuntos políticos; y la contenciosa maneja los asuntos de derecho público o de derecho común, mejor dicho”, respondió.
