Alfredo Cruz Polanco
En nuestro país, según los entendidos, existen alrededor de dos millones de haitianos, la mayoría indocumentados. Lamentablemente, todos los gobiernos, encabezados por los principales líderes políticos que han gobernado el país en los últimos años, han sido corresponsables del crecimiento desmesurado de la inmigración haitiana, unos más que otros, pues todos han sido muy permisivos ante la corrupción imperante en nuestra frontera.
Todos han designado a una gran cantidad de cónsules en Haití, que solo se preocuparon por generar millones de pesos a través del otorgamiento indiscriminado de visas y de otros servicios consulares, sin ningún tipo de criterio, control ni pudor, y que en vez de ser depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, fueron a parar a los bolsillos de ellos, recursos que fueron administrados discrecionalmente, sin rendirle cuentas a ningún organismo del Estado, lo que constituye una violación a la ley No.567-05, que instituye la Tesorería Nacional.
Dichos cónsules colocaron los intereses particulares por encima de los nacionales, no previeron el gran daño y las graves consecuencias económicas y sociales que le estaban ocasionando al país, como son los problemas relativos a la insalubridad, empleos, educación, viviendas, migratorios, inseguridad, arrabalización y contaminación del medio ambiente, entre otros.
En estos momentos en que el señor Presidente de la República, Luis Abinader, participa en un diálogo sin precedente , junto a los ex presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y los diferentes sectores que integran el Consejo Económico y Social (CES), en el que se proponen, discuten y analizan las medidas a tomar en torno a la crisis económica, política, social e institucional que vive la República de Haití.
El Estado dominicano no debe seguir cargando con responsabilidades ajenas
También se analiza el grave problema de la inmigración indocumentada haitiana, la cual continúa llegando a este territorio, debido a la ola de violencia y acciones sangrientas, ocasionadas por bandas y pandillas criminales, fuertemente armadas, se debe actuar con mucha prudencia, colocando los intereses de la patria por encima de los particulares y partidarios.
En dicho diálogo, se deben rechazar las pretensiones, la presión y el chantaje que vienen ejerciendo, tanto la comunidad internacional, como diferente sectores económicos del país, ligados a la producción agrícola y a la construcción, para que se regularicen a miles de nacionales haitianos indocumentados, argumentando que sin esta mano de obra, no habrá agricultura, principalmente, la cosecha de arroz y de guineos, y que la construcciones de las obras públicas y privadas se paralizarán.
Esos sectores prefieren siempre la mano de obra haitiana indocumentada por el bajo salario que se paga con relación a la dominicana; no cumplen con las prestaciones laborales, con el pago de la Seguridad Social ni con los impuestos, así como con el artículo 135 del Código Laboral, que exige que por cada 100 trabajadores, por lo menos 80 deben ser dominicanos, (80/20).
En vez de regular a los haitianos indocumentados, lo que debe ser regulado son los contratos de trabajos, los cuales deben ser temporales, para cuando concluyan los mismos, estos sean enviados de regreso con toda su familia a su país de origen. No se debe permitir la entrada de más haitianos indocumentados.
Sugerimos que los empresarios que utilicen la mano de obra indocumentada haitiana, deben ser responsables de ella; deberán tener un control absoluto de su ubicación, cumplir con sus responsabilidades legales y económicas (pago de sus prestaciones laborales, seguridad social, viviendas, gastos médicos, partos, alimentación, impuestos, educación de los hijos), entre otros.
El Estado dominicano no debe seguir cargando con responsabilidades ajenas, tirando por la borda gran parte del presupuesto destinado para atender las necesidades básicas de todos los dominicanos. Que así sea.
