Miguel Ponce
Santiago.-Los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial condenaron a 15 años de prisión al agente policial, adscrito a Acción Rápida, Alejandro Castro Cruz, por la muerte del niño Donelly de Joel Martínez Tejada.
El menor que a la hora de su muerte contaba con 11 años de edad, falleció por el impacto de bala disparado con el arma de Castro Cruz en un hecho ocurrido la tarde del 12 de febrero del 2023 en la esquina que forman la calle Mella con avenida Las Carreras, mientras se desarrollaba las festividades del carnaval de Santiago.
El Ministerio Público tipificó el hecho como homicidio voluntario, pero los jueces lo calificaron de involuntario.
El tribunal estuvo presidido por el magistrado juez, Juan Carlos Colón e integrado por las magistradas Claribel Mateo y Gladys de los Santos. Los familiares del menor mostraron su indignación ya que esperaban la pena máxima.
El agente mató al menor tras impactarlo de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, cuando, en un uso desmedido de la fuerza, accionó su arma de fuego.
Los cargos penales contra el imputado, el agente de la institución del orden Alejandro Castro Cruz, consistentes en la violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano por el homicidio voluntario del menor, así también por transgresión a los artículos 186, 2, 295 y 309 por abuso de autoridad contra particulares y por los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.
Del amplio legajo de pruebas que ha recolectado, la Fiscalía presentó las documentales, periciales y el audiovisual, último en el que recoge en detalles, los acontecimientos que tuvieron lugar.
El órgano de justicia además de las pruebas que fueron incorporadas en esta primera audiencia, presentará otros materiales y testimoniales que constituyen toda la fuerza probatoria necesaria para lograr la imposición de una condena que podría ser de hasta 20 años de prisión.
La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de la Corte, Gerardo Ponce.
El Ministerio Público ha planteó que se trata de un hecho grave en el que el imputado, tras irrumpir en el lugar donde la familia de la víctima celebraba el carnaval, abusando de la autoridad que le confiere la ley, violentó todos los protocolos de uso de la fuerza.
