Miguel Ponce
Santiago. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas acusó al Ministerio de Medio Ambiente de manejar de manera torpe y errática los asentamientos en el Parque Nacional de Valle Nuevo.
Mediante una carta dirigida al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana califican de muy grave el problema de fondo sobre el enfrentamiento de la agroindustria con las áreas protegidas.
“Podemos afirmar que la situación de la agricultura ilegal dentro de la Madre de las Aguas es mucho peor que la encontrada hace dos años por el gobierno actual”, apuntan las entidades.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana que está integrada por la Comisión Ambiental de la UASD, Fundación Acción Verde Inc., la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Cúa Conservation, Guaikia Ambiente, Fundación Vega Real, Federación de Campesinos hacia el Progreso y el Grupo Jaragua.
Indica que esta situación sucede a pesar de que se han derrochado cientos de millones en compensar a agricultores del lado norte del Parque de Valle Nuevo y que muchos de ellos continúan con sus actividades ilegales en franco desafío a la autoridad.
Mientras que en el lado sur de Valle Nuevo, la situación es aún más preocupante, ya que los propios agricultores denuncian que a los grandes agroempresarios se les ha permitido continuar la siembra de cebolla, fresa y otros rubros.
En dicha carta detallan las diversas situaciones que afectan severamente la protección y gestión del medio ambiente de República Dominicana.
“Estas situaciones inciden sobre las áreas protegidas, los ríos y sus cuencas, los bosques, la biodiversidad y la institucionalidad del propio ministerio que dirige”, agrega la coalición.
Recuerdan que estas preocupaciones fueron ya externadas en otra carta en el mes de junio de este año.
Indica que, de manera generalizada, continúan las incertidumbres en el pago a los empleados, las múltiples nóminas, el desatino en la contratación del personal de protección y vigilancia, las invasiones y ocupaciones ilícitas, el robo y deterioro de la infraestructura mínima operativa y las carencias en transporte (vehículos y combustible) para operar.
Aduce que el propio ministerio ha irrespetado una y otra vez los plazos que ha impuesto para la eliminación de la agricultura ilegal y la ganadería dentro de sus límites.
“Todo esto ocurre ante la mirada pasiva de las autoridades competentes. A esto se suma el rumor de una propuesta descabellada que procura reubicar asentamientos humanos y agrícolas del lado sur hacia otra área protegida cercana”, puntualiza.
Denuncia que los desatinos son más preocupantes toda vez que Valle Nuevo es el referente para abordar situaciones similares en áreas como Sierra de Bahoruco, Miguel Domingo Fuertes (Bahoruco Oriental), Los Haitises, Nalga de Maco, La Salcedoa, Sierra de Neiba, José del Carmen Ramírez, Laguna Saladilla.
Otras denuncias graves conciernen a la propia permisología ambiental que emana del ministerio. Un ejemplo son las autorizaciones otorgadas a saneamientos de terrenos dentro de áreas protegidas (o sus zonas de amortiguamiento) en el monumento natural Saltos de Jimenoa y Parque Nacional el Morro.
Cuestiona las licencias otorgadas “o presumiblemente a punto de otorgarse” para construcciones dentro del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, la carretera dentro del Parque Luis Quin y las barcazas de generación eléctrica en el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.
Refiere que estas calamidades ocurren por la desidia generalizada frente a las denuncias de ilícitos que llegan desde las áreas protegidas de todo el país y el orden invertido de las prioridades en la gestión del SINAP.
Critica que se siga priorizando intervenir o facilitar el desarrollo turístico dentro de las áreas, antes de resolver los problemas básicos que afectan gravemente su integridad. Ejemplos son Cabo Samaná, Playa Cabo Rojo-Pedernales, Valle Nuevo y Puerto Viejo.
Por último, muestra preocupación por la propia institucionalidad del Ministerio.
Dice que en el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, además de estar plagado de conflictos internos, impera la desesperanza y desmotivación en el personal que labora.
Este ambiente de trabajo, junto a deficientes condiciones y falta de acción de los tomadores de decisiones, han causado que las dimisiones del personal valioso estén a la orden del día. Los fallos o el desinterés en la gestión del SINAP se evidencian también por la pobre ejecución de los fondos asignados para estos fines en la Ley de presupuesto de 2022.
Albergamos la esperanza de que su gestión pueda intervenir sobre causas raíz de estos problemas.
Finalmente indica que hasta ahora las respuestas institucionales han sido tímidas y difusas, a veces hasta contradictorias, como si el fin perseguido fuera distinto al mandato de la Ley.
