Sergio Sarita Valdez
Hace menos de tres décadas mucha gente hablaba con asombro del rápido desarrollo de los países del sudeste asiático y se preguntaba por qué en la República Dominicana no se podía hacer lo mismo. El presidente de entonces argumentaba que la nación caribeña valoraba mucho sus fundamentos constitucionales, por lo que no podíamos crecer con aquella rapidez, si para lograrlo había que violentar los principios democráticos asentados en nuestra Carta Magna. Gobiernos de facto y dictatoriales generalmente mandan por decreto, en tanto que los Estados con larga tradición republicana se rigen mayormente a través de leyes.
La situación caótica que le ha tocado vivir al pueblo haitiano en su peculiar historia arrítmica, dominio e intervenciones militares y una prolongada dictadura, con sólo breves períodos de institucionalidad democrática, ayudan a explicar en parte su tragedia presente. Las tenebrosas bandas paramilitares presentes en la parte occidental de la Hispaniola deben servirnos de alerta para que preservemos la paz y el orden, que son pilares esenciales para el desarrollo de la economía de cualquier país.
Los Estados Unidos de América proclamaron su independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. A Thomás Jefferson le cupo la gloria de elaborar el histórico documento. Once años después en 1787 el hoy potente baluarte mundial capitalista había redactado su Constitución. Los diez primeros artículos de esa ley de leyes se conocen como la Carta de Derechos. Entre esos derechos está el de portar un arma. En los últimos años a los estadounidenses les ha tocado vivir una de las épocas más delicadas de su vida republicana. Me refiero a los tiroteos sin motivos aparentes, ocurridos en escuelas, tiendas y otros sitios públicos con un saldo de muertos y heridos. Esto genera un clima de inseguridad y temor en el colectivo humano. Un individuo, abusando de su Carta de Derechos, obtiene una poderosa arma larga y arremete a tiros sin ton ni son contra inocentes víctimas.
Sin embargo, en la tierra de George Washington y de Abraham Lincoln cuentan con otras leyes y un Poder Judicial independiente que más temprano que tarde captura al delincuente, lo juzga y condena haciéndole pagar caro el uso indebido de su derecho a andar armado.
Esa no es la situación haitiana, ni la de México; tampoco la de otras naciones centro y suramericanas en las que poderosas bandas armadas hasta los dientes arremeten contra indefensos civiles desarmados que terminan siendo masacrados, sin que una Justicia fuerte y respetada les caiga encima con todo el peso de la ley.
Cada república tiene sus peculiaridades, las cuales se reflejan en su forma de gobierno, sin embargo, existe la Organización de las Naciones Unidas ante la cual cada Estado, Nación, Reino Independiente se compromete a respetar y hacer cumplir la Carta de los Derechos Humanos. Aunque la condena es usualmente moral, amén de que el derecho al veto de algunos países debilita la acción, las denuncias surten su efecto, haciendo que la humanidad se encamine hacia un creciente orden de paz y de armonía internacional.
El mundo sin civiles armados sería más sano y seguro. Que no nos quede duda alguna
