Giovanna Ferullo M.
Ciudad de Panamá.– Veinticinco años después del paso de Mitch, uno de los huracanes más destructivos en la historia moderna y que dejó cerca de 10.000 muertos en Centroamérica, expertos advierten que la región está marcada por “crisis superpuestas” que agravan la desigualdad y la pobreza, haciéndola más vulnerable a eventos climáticos extremos.
América Latina se enfrenta a impactos climáticos cada vez mayores. Ya el Reporte del Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertaba que el “récord” de huracanes e inundaciones en Centroamérica aquel año era “la nueva normalidad” para la región.
“Quienes vivimos en primera persona la catástrofe humanitaria que dejó el huracán Mitch en 1998, pensamos que jamás veríamos una tormenta de iguales dimensiones. Pero en 2020, los huracanes Eta e Iota dejaron más de 7 millones de personas afectadas, de ellas más de 4 millones en Honduras, Nicaragua y Guatemala, los países que también habían sido más castigados por Mitch”, dijo a EFE Martha Keays, que entonces era la jefa de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para Centroamérica.
Avances anulados por la triple crisis
Keays, que ahora es la directora regional para las Américas de IFRC, explicó que durante el tiempo entre las tragedias de Mitch y de Eta e Iota, Centroamérica y las organizaciones humanitarias se transformaron mediante el fortalecimiento de las normativas y sistemas nacionales de respuesta a desastres y la mejora de las capacidades del voluntariado, entre otros.
“Eso permitió, por ejemplo, que el número de víctimas fatales de Eta e Iota fuera muchísimo menor que el de Mitch”, aseguró.
Eta e Iota, que tocaron tierra en Centroamérica casi seguidos las primeras dos semanas de noviembre de 2020, dejaron unos 200 muertos, desaparecidos y una millonaria destrucción en infraestructura y cultivos, con especial afectación en Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Pero al mismo tiempo, explicó Keays, los ecosistemas de la región acumularon los efectos de la crisis climática y ambiental y la pandemia de la covid-19 “hizo retroceder más de 30 años la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que ya eran muy altas en la región”.
Es así que “esa ‘nueva normalidad’, que no debería ser tal” en Centroamérica, “estaría marcada por eso: crisis sociales, económicas y ambientales superpuestas que aumentan la posibilidad de que las amenazas naturales produzcan más daño, sobre todo en poblaciones históricamente marginadas como las mujeres, la niñez y las personas migrantes, mayores, con discapacidad, indígenas y LGBTIQ+”.
“Y cuando la vulnerabilidad es alta, no hacen falta muchas sequías, huracanes o tormentas para destruir una comunidad, con un solo evento, aunque sea pequeño, basta”, afirmó Keays.
Pobreza y desigualdad: aceleradores de la vulnerabilidad
En Centroamérica viven alrededor de 50 millones de personas, muchas de ellas en condiciones de pobreza. Y es la dinámica social lo que hace más vulnerable a la región: poblaciones marginadas ubicadas en zonas inundables, en laderas de montaña o volcanes, en zonas de alto riesgo que suelen ser escenario de grandes tragedias.
“La pobreza y la desigualdad serán siempre aceleradores de la vulnerabilidad y un corrosivo para la resiliencia de las comunidades”, dijo Keays.
Pero lo que sucede ahora, añadió, “es que cada vez más las personas son afectadas por más de un factor de vulnerabilidad, es decir, son cada vez más quienes, además de vivir en pobreza, son migrantes, o no tienen empleo o pierden sus medios de vida a causa de la crisis climática, o están afectados por la violencia, sufren discriminación o están excluidos de los servicios públicos”.
La funcionaria humanitaria destacó que esto sucede “en un contexto de reducción de los fondos para la acción humanitaria, y donde crisis de gran escala que afectan a otras regiones del mundo acaparan la atención y la inversión global”.
Para aumentar la resiliencia de Centroamérica, Keays habló de impulsar medidas como los sistemas de alerta temprana, la respuesta humanitaria basada en pronósticos, y el financiamiento de iniciativas de adaptación al cambio climático y de protocolos de acción temprana. EFE
