El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, advirtió al Congreso Nacional, fundamentalmente a los diputados sobre la transgresión a la constitución y la democracia, en que se traduciría la aprobación y modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, adjudicándose la competencia de los gremios profesionales y otras asociaciones, como recientemente anunciara con bombos y platillos el Senado de la República.
Potentini lamentó que el Senado de la República se haya dejado convencer de los magistrados Camacho, Fernández y Forastieri, autores de la referida modificación con el claro objetivo y ofuscamiento de legitimar el golpe de estado institucional, que pretendieron darle al Colegio de Abogados al agenciarse vía reglamentaria una competencia que en modo alguno responde a su esencia y naturaleza y mucho menos al espíritu y letra de la constitución.
El gremio que agrupa los abogados explicó que ni siquiera para el Poder Legislativo, el más poderoso y representativo de los Poderes Públicos, por lo menos en teoría y dada su amplia representatividad, estaría disponible, la capacidad para legislar apartándose del mandato constitucional y propósitos que limitativamente a nivel de reserva de ley le augura el artículo 214 de la constitución, al disponer y citamos: Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.
Trajano Potentini, al participar en el programa Tele-Matutino 11, transmitido por Tele-Sistema, canal 11, fue enfático al asegurar el Tribunal Superior Electoral, es una justicia política, de excepción y especializada, estricta y exclusivamente para los temas de naturaleza democrática y electoral, sobre todo en el marco de los poderes públicos y la constitución, nunca enfocada a lo privado, en consecuencia asumir competencia de los gremios sería un despropósito y las desnaturalización de las relaciones privadas, asociativas e intergremiales.
Para el jurista estaríamos en presencia de un precedente peligroso y antidemocrático para el estado de derecho, con la captura y cooptación del control político sobre los gremios, en un claro atentado a la libertad de asociación. De ahí que le hacemos un llamado a todas las asociaciones, a los fines de hacer causa común en un frente de resistencia para impedir y exigir respeto a la constitución y a las decisiones del Tribunal Constitucional, para que grafiquemos la peligrosidad a lo que nos expondríamos, solo tendríamos que imaginarnos como gremio o asociación independiente ajeno al sector oficial, como nos iría en manos del juzgamiento del magistrado Camacho, cuya carta de presentación lo fuera el conflicto del CARD, abiertamente incompetente e inconstitucional.
