María Tejada
Sánchez Ramírez. Los campesinos de siete comunidades donde se contempla un plan de desalojo por parte de la minera Barrick Pueblo Viejo, sacerdotes católicos, legisladores, ambientalistas protestaron con una marcha caravana contra los daños ambientales y planes de sacarlos de sus tierras.
Durante la marcha caravana que salió desde Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez y Maimón en Monseñor Nouel con rumbo hacia la Barrick, al que se sumaron, personalidades políticas pidieron el pago justo de los terrenos, así como la creación de medios de vida para las aproximadamente 600 familias que se verán afectadas por la construcción de la presa de colas.
Algunos manifestantes, incluso demandaron el cierre definitivo de la minera.
El coordinador del observatorio de políticas públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Fernando Peña, exige a las autoridades competentes resarcir los daños futuros ocasionados por la referida empresa.
“Esta caminata peregrinación es por la reubicación de las comunidades, porque le paguen de manera justa sus cosechas y propiedades y sean resarcidos en los daños de esta empresa asesina. Se trata de dotarlos de medios de vida, en el diseño no tienen concebida una clínica, escuelas o espacios de servicios públicos porque a ellos no le importa lo que pase con la gente”, aseguró.
Fernando Peña denunció que la Barrick ha intentado sobornar dirigentes de las comunidades e impidieron la entrada de vehículos desde Piedra Blanca, el cruce desde Maimón y trataron de desviar por Fantino para que la gente no acudiera a la marcha
De su lado, el sacerdote Nino Ramos demandó del gobierno respetar la dignidad de las personas y advierte que no es posible declarar de utilidad pública terrenos de siete comunidades para entregarlo a los extranjeros.
El sacerdote quien junto a campesinos, representantes de organizaciones ambientalistas, comunitarias encabeza el pasado miércoles una marcha caravana contra la minera Barrick Pueblo Viejo, dijo que las carreteras fueron militarizadas a la salida de Cotuí y los vehículos son requisados.
Lamentó que mientras las comunidades y la Barrick participan en un diálogo con la mediación del obispo de La Vega, El Defensor del Pueblo y el Ministerio de Energía y Mina, la minera continúa trabajando en la construcción la carretera que da acceso a las comunidades a ser desalojadas y en la pera de cola, que según ambientalistas causará daños graves a ríos. A la protesta se sumaron representantes de la familia Rosario, quienes aseguran que la empresa minera Barrick Pueblo Viejo no cumple con las indemnizaciones a familias propietarias de más de 700 parcelas . l maria tejada lorenzo
