Julián Padilla
Pasar del dicho al hecho en el sentido electoral y dar paso a las candidaturas independientes, constituye un enorme reto sistémico. El solo hecho de que el sistema integre las candidaturas independientes, obliga a la utilización del pensamiento sistémico, estratégico, organizacional y a una gestión del cambio oportuna, para asegurar el éxito del proceso electoral venidero.
Desde el punto de vista práctico, implicaría el rediseño del proceso y los sub procesos que conforman el sistema electoral dominicano y necesariamente una urgente modificación a la ley electoral vigente: de partidos y de régimen electoral.
Algunos paradigmas “institucionales” moldean lo que en la actualidad define los procesos electorales y luce cada vez más, un acuerdo, es decir, la existencia de un acuerdo sostenido entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral, conformando entre todos la partidocracia existente en el país.
Esta percepción es tan contundente, que parecería que la principal preocupación histórica de la Junta Central Electoral ha sido, la coexistencia con los partidos políticos y el conformar prácticamente de forma conjunta, la misma partidocracia.
Los escándalos electorales y la participación de la misma Junta Central Electoral en situaciones relacionadas con la corrupción, o la vista gorda ante delitos electorales, no son nuevas y han sabido ser reiterativas en varios periodos electorales consecutivos. La misma credibilidad de la Junta Central Electoral ha estado en juego y la pérdida progresiva de confianza ha sabido estar presente, junto a ese mismo fenómeno acompañando a la desprestigiada clase política y a los partidos en el país.
El simple hecho de las candidaturas independientes, pone en jaque no solo a los partidos políticos, sino a la Junta Central Electoral y al sistema electoral y su fundamentación jurídica.
En sentido organizacional y práctico, el simple hecho de dar cumplimiento al precepto constitucional que otorga al ciudadano el derecho a elegir y ser elegido, obliga a la reformulación o rediseño del sistema electoral y con ello, los ajustes necesarios en las leyes vigentes, la de partidos y la de régimen electoral.
Parecería que este tema importante e impactante ha sorprendido a la opinión pública, y tomados fuera de base a los actores políticos del sistema. Pero también podría verse como una nueva cortina de humo, que desvía la atención del interés del soberano mandante, quien necesita urgentemente que se modifique ese diminuto párrafo constitucional, a seguidas de ese pronunciado derecho de elegir y ser elegido, para que sea este quien imponga la agenda de cualquier referéndum.
Con esta modificación y con las candidaturas independientes, el mismo rediseño del sistema electoral dominicano, permitirá, no solo el aseguramiento de los procesos electorales: presidencial, congresuales y municipales, sino que además, permitirá el desarrollo, control y aseguramiento de las votaciones en los referéndum bianuales que proponemos existan en la nación dominicana.
El sistema electoral dominicano ha quedado obsoleto desde el mismo momento que el Tribunal Constitucional emitiera esa sentencia donde aprueba las candidaturas independientes. Sin embargo la mayoría de los sub procesos y sus denominaciones son útiles para el nuevo diseño, desde la inscripción de candidaturas hasta la declaración final de ganadores.
Todos estos sub procesos deben validarse y considerarse en la nueva formulación, además de incluir otras que surgirían fruto de los cambios importantes, tales como las candidaturas independientes y la celebración de referéndum. También hay que recordar la existencia de inversiones hasta ahora hechas, y que podrían ser herramientas útiles para el nuevo diseño del sistema o simplemente descartarlas para siempre.
Un nuevo sistema debería considerar controles para la prevención de prácticas que pueden constituir delitos electorales tales como: el famoso algoritmo, la manipulación 80/20 con las mesas electorales, las negociaciones en las mesas para apoyar la línea política negociada, que acta no mate voto y el impedir que las elecciones solo se ganen con la voluntad popular.
Un punto que podría estar amenazado con las candidaturas independientes, es el de las reservas de candidaturas, y las alianzas que siempre son parte del proceso de negociación para repartirse el botín de guerra con los nuevos aliados. Hasta ahora, las malas prácticas han dejado cancha abierta a los partidos, incluyendo traiciones a sus mismos supuestos candidatos, los cuales muchas veces invierten tiempo y dinero, para luego recibir la noble noticia, de que su candidatura fue negociada y cedida a un partido por la alianza realizada. Estas prácticas de nuestra “sabermetría política”, han sabido pasar sin penas ni gloria, sin demandas judiciales, a pesar de la marrulla y engaño que representan.
Pero lo interesante es, que tenemos ahora la oportunidad como país, de redefinir el sistema electoral y sus leyes, para evitar que se mantenga la mafia de la partidocracia y que finalmente los partidos políticos sirvan al país, y no que estos se sirvan del país, cometiendo todo tipo de delitos y no solo electorales. Alegar que las candidaturas independientes pueden alimentar el uso del dinero sucio, es una doble moral de los partidos políticos, quienes han estado de forma casi flagrante usando esta práctica delictiva.
Como medida paradigmática y conjuntamente con el tema citado del referéndum, el termino del financiamiento a los partidos políticos con dinero público, pondrá la tapa al pomo y la mayoría de los ventorrillos familiares, perderían el interés por los temas nacionales, pues ya no habría beneficio económico envuelto.
Nos estamos avocando a un cambio importante y trascendental en la historia política del país. Las gestiones exitosas son multidisciplinarias, y este enfoque sistémico y estratégico que proponemos, podría servir para un relanzamiento integral de ese gran subsistema que implica: la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el referéndum, las candidaturas independientes y los partidos políticos.
La democracia dominicana está retada, y los acuerdos deberían realizarse no entre los partidos políticos y la junta central electoral para seguir con el reparto del botín de guerra. Sino con la creación previa de un sistema que permita la celebración efectiva de las elecciones y de cualquier referéndum, propuesto por el pueblo dominicano, quien como soberano mandante impondrá su agenda, y ya no sería consultado a discreción, por una iniciativa distinta a la propia.
Sabemos que el reto es grande, pero el Tribunal Constitucional ha dado un paso gigante, y ha puesto su gran dedo en una llaga que ha sabido causar demasiado daño a la nación dominicana: la partidocracia.
