La Cámara de Cuentas (CCRD) aclaró este jueves que el cambio que ha operado en el sistema de declaraciones juradas de bienes de los funcionarios es relacionado exclusivamente sobre cómo identificar el origen del patrimonio que, en documentación, se somete a ese organismo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
En una comunicación de prensa, recordó que la Ley 311-14, del año 2014, y su reglamento de aplicación del 2016 son las que se están aplicando, por lo que no ha ocurrido ninguna modificación a la normativa y requerimientos existentes desde el pasado período, “de manera que todos los requisitos que deben cumplir los declarantes continúan siendo los mismos”.
Sobre la queja del legislador de que se le estaba violando la privacidad a los congresistas con las supuestas nuevas exigencias, el órgano rector y responsable del sistema de declaraciones juradas respondió que “un funcionario público no tiene bienes privados del escrutinio” y que “es de conocimiento general que las informaciones sobre las declaraciones juradas son públicas”.
Citó la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0405/21, que establece que “toda persona que pone al servicio del Estado sus aptitudes, habilidades y conocimientos debe estar consciente del deber que asume de rendir cuentas no solo de su gestión sino también de la transparencia respecto del origen de sus bienes ante cualquier autoridad competente, en cualquier momento. Esto nunca debería interpretarse como un menoscabo de sus derechos fundamentales sino como el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la citada Ley núm. 311-14 (…)”.
La Cámara de Cuentas especifica que el cambio que ha operado para las declaraciones “es la trazabilidad de la documentación lo cual es un mecanismo de fortalecimiento de la transparencia”.
