Miguel Pichardo
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Desde los dos últimos años del primer cuatrienio del presidente Luis Abinader cuando comencé a observar continuas acciones policiales fuera de la ley, algunas de ellas que se creían superadas, como asesinatos de indefensos ciudadanos detenidos en las calles, algunos de ellos a la vista de todos, así como de diferentes casos de masacrados a golpes en cuarteles de la capital y el interior del país, he estado llamando la atención del gobierno para que frene esas prácticas que desdicen mucho de un poder del Estado que dice respetar los derechos de su población, la Constitución y hace esfuerzos por desarrollar nuestra débil democracia.
Esas desagradables señales que nos retrotraen a pasados funestos, cuyas huellas aún permanecen en memoria de muchos dominicanos, dejan ver un inminente peligro, no solo para la preservación de la vida de la gente, sino además, para una necesaria convivencia entre civiles y una institución policial con un alto nivel de descrédito cuasi insalvable. En todo momento he planteado la necesidad de que el gobernante tome las medidas pertinentes que detengan esas y otras acciones policiales contrarias a la ley, a las regulaciones judiciales y al clima de entendimiento que debería primar para garantizar la paz y que la gestión culmine sin mayores contratiempos.
Con el correr de los años, todavía arrastrando una controversial, costosa y dudosa reforma policial que, más que una urgente esperanza, cada vez genera más escepticismo en la población frente a cuestionados hechos policiales incontrovertibles, como los ocurridos en las últimas semanas contra la población civil, sin importar que transiten por las calles con todos sus derechos constitucionales, estén en sus hogares o en sus pequeños negocios privados apegados a la ley. Y, como si fuera poco, para ponerle el ingrediente que faltaba, tampoco periodistas -incluyendo embarazadas-, fotógrafos y camarógrafos se han salvado de la agresividad y desmanes de un sector policial, cuyas mentalidades están evidentemente enclavadas en el pasado.
Las agresiones contra los periodistas comenzaron desde el 2024 en Santiago y se han extendido en el 2025 al Distrito Nacional, Santo Domingo y otras demarcaciones, en franca violación, no sólo a los derechos humanos, sino además, a la libertad de prensa y a derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
Pero, quisiera hacer hincapié en unas desafortunadas declaraciones dadas por el director de la Policía, mayor general Ramón Guzmán Peralta, en las que, acompañado de la ministra del Interior, Faride Raful, justifica la agresión policial contra el propietario de una peluquería que, llena de clientes, ofrecía el servicio pasada la medianoche. Por más que el propietario del negocio exigía, como debe ser, que el oficial en jefe le mostrara la orden judicial para penetrar al negocio, éste no hizo caso a ley, al protocolo judicial para allanamientos ni a derecho fundamental alguno, actuando de manera atropellada y en flagrante abuso de poder.
Conocí y traté brevemente hace unos 23 años al general Guzmán Peralta, como un oficial prudente, sopesado y capacitado, por lo que me ha resultado difícil asimilar bien lo que dijo a la prensa respecto al desagradable incidente en la referida peluquería, el cual se hizo viral en las redes sociales. Habló de horario normal y regulado para una peluquería, así como de facultades de un pequeño negocio de esa naturaleza para operar más allá de las 12:00 de la medianoche. En síntesis terminó diciendo: ellos -sus policías- solo cumplían con su trabajo en su zona correspondiente.
En ese sentido, sólo me han atrapado el escepticismo y la preocupación, al tiempo que me surgieron las siguientes interrogantes: ¿Qué ley violó el dueño de la peluquería?; quien le dijo al general Guzmán Peralta que ese tipo de negocio lo rigen facultades especiales, por lo que no puede operar a esa o a cualquiera otra hora que su propietario entienda provecho siempre con total apego a las leyes? ¿No es eso una flagrante violación de derechos ciudadanos y comerciales? ¿Desconoce el general Guzmán Peralta que esa patrulla necesitaba de una orden judicial para intervenir el negocio y no actuar de esa manera puramente dictatorial? Como dicen ahora los jóvenes en los barrios: “en veldad en veldad” quisiera no saber que el general Guzmán Peralta lo sabe todo, pero que el objetivo es otro, sin medir vulneración de las leyes y la Constitución.
Acciones como las narradas anteriormente, no solo socavan la armonía que deberíamos promover, sino que, profundizan aún más el descrédito ciudadano frente a la Policía, a un nivel que muy pronto podría ser irrecuperable, por más acciones mediáticas que emprendan e improvisados programas de un supuesto acercamiento con la ciudadanía.
Ojalá que desde las apretadas agendas del Poder Ejecutivo y de la jefatura policial se haga una oportuna pausa para reflexionar en esos peligrosos temas que presagian un indeseado final nebuloso, que en nada coadyuva con el bienestar de la gente, la paz, los derechos ciudadanos y el fortalecimiento democrático.
